Congreso Nacional Indígena

Carta de motivos para adherirse a la justa
demanda de libertad de los presos
mazatecos. Y Por la no criminalización del derecho a la protesta.

Hermanas y hermanos de lucha en Eloxochitlán, en la Sierra Mazateca, en México y el mundo, en el
campo y la ciudad. A las y los habitantes del mundo.
Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ejemplo vivo de resistencia indígena.
Al Congreso Nacional Indígena.
A la Sociedad Civil.
A los Organismos de derechos humanos nacionales e internacionales.
Al Grupo de Trabajo sobre detenciones arbitrarias de la ONU.

A la Combativa Sección XXII.
A los medios de comunicación libres, independientes o como se llamen.
Al Gobierno oaxaqueño dirigido por
Salomón Jara Cruz en una franca
observación.

De Argelia Betanzos, de profesión abogada, hija del preso político mazateco Jaime Betanzos, quien habla en plural porque nada o casi nada es de su exclusivo pensamiento, pero suscribe todo el contenido de la carta como suyo.

La preocupación por la situación de injusticia que prevalece en la comunidad indígena de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, nos obliga a escribirles con sentido de urgencia, y a escribirle al gobierno de manera franca: hay presos inocentes a quienes se les niega no solo el derecho a la libertad sino el derecho de agotar los trámites legales; son momentos donde la indolencia, la complicidad de las instituciones y su nula acción por la justicia produce en nuestras emociones este llamado feminista: “Quémenlo todo”. ¡Quemen los juzgados, quemen los papeles burocráticos que no contienen sino la evidencia del maltrato, del retraso doloso del proceso, trámites inservibles, con los que ya tres gobiernos de Oaxaca justifican la administración de este caso de injusticia, al que llaman “conflicto”.

Lo ocurrido el lunes 18 de septiembre con la suspensión ilegal de la audiencia de nuestros familiares Jaime Betanzos, Herminio Monfil, Alfredo Bolaños, Francisco Durán y Fernando Gavito, nos mostró algo espantoso: la posibilidad de que el propio gobierno de Oaxaca, y la parte acusadora Elisa Zepeda, estuvieran en complicidad para frustrar la audiencia y, encima, culparnos de ello.

Desde el Gobierno de Salomón Jara, a través de una llamada telefónica, se nos acusó de ser las causantes de la suspensión de la audiencia a causa de ejercer nuestro derecho a la protesta. Por otro lado, la parte acusadora expresó en un comunicado de prensa entregado a los medios, que los culpables fueron los presos por su inasistencia a la audiencia.
Sin embargo, el Juez, de viva voz, lo cual fue transmitido en tiempo real a través de Facebook, explicó que suspendió la audiencia porque no contaba con los exhortos de regreso, es decir, con los avisos escritos que envió a cada preso a través de los juzgados del centro de Oaxaca, de Tlacolula y de Cuicatlán; también expuso que un abogado particular, el de Fernando Gavito, no se
presentó y, que tampoco estaba presente el Defensor de oficio Sixto Coronel, que pudo haber suplido la defensa de Gavito, asimismo, que un asesor de la víctima, Andrés Quevedo, tampoco se presentó.

En ningún momento el juez se refirió a algún posible riesgo contra su integridad derivado de la movilización por la libertad, mucho menos a la inasistencia de los presos, pues la mayoría, previamente, habían expresado su voluntad de no estar presentes, según el acuerdo judicial del 5 de septiembre.

Esta explicación del juez está corroborada con un escrito que presentó la defensa federal de los presos Jaime, Alfredo y Francisco, después de la suspensión de la audiencia. Los defensores federales se refirieron a los mismos argumentos que explicó el juez; sin embargo, alegaron que ninguno de esos motivos era procedente para suspender la audiencia: se debió efectuar para los presos cuya defensa estaba presente. El poder judicial también actuó tramposamente.

Sin lugar a dudas, las instituciones, la parte acusadora y el poder judicial provocaron la dilación injustificada, la negación del acceso a la justicia, la prisión arbitraria que ya se puede llamar
secuestro de Estado.

Esta práctica de Estado, que ya es reprobable en un momento en el que se ha prometido transformación, ha sido recurrente para invisibilizar el ejercicio legítimo de los derechos individuales y colectivos, para desatender las demandas de la comunidad, y por otro lado, para
garantizar la impunidad de Elisa y su padre; por ejemplo, en los años 2011 y 2012, cuando la represión contra la comunidad llegó hasta la tortura, las denuncias del pueblo no fueron atendidas; ante el gobierno y el poder judicial siempre se imponía la versión del entonces presidente municipal represor y cacique Manuel Zepeda, padre de Elisa Zepeda; la propia Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, cuyo titular era Arturo Peimbert Calvo, estaba al servicio de la autoridad municipal represora, jamás escuchó, mucho menos tomó con seriedad los reclamos del pueblo. Siendo una Defensoría del pueblo, se puso al servicio de los servidores públicos, así lo demuestra su recomendación 02/2015 que evitó reconocer la responsabilidad de los represores y en cambio construyó la imagen de un pueblo violento, terco, retrasado e inestable, esos califici*vos, usan los grupos gubernamentales hasta el día de hoy.

El gobierno de Gabino Cué y el “Defensor del pueblo” Arturo Peimbert administraron los sucesos de represión, confeccionando, desde sus escritorios, las versiones que más les acomodaron para su beneficio personal y beneficio del grupo caciquil.

En 2014, desde todos los poderes del Estado oaxaqueño, se calumnió a la comunidad señalándola de violenta, acusándola de usar armas de fuego en contra de la familia de Manuel y Elisa Zepeda, pero al momento de la comprobación cienhfica, las heridas de bala se hallaron en los cuerpos de personas de la asamblea comunitaria, del pueblo que se opuso al régimen caciquil, no en los cuerpos de Elisa, ni de su padre, madre y hermano; una vez más fue el pueblo el agraviado y los señores Manuel y Elisa los perpetradores impunes, como consta en el expediente 789/HJ/2014 aun en la Fiscalía.

Como el pueblo resistió, entonces lo desarticularon a través de la fabricación de delitos, dijeron que matamos y que intentamos matar. Pero en 9 años la Fiscalía jamás ha mostrado las pruebas de  haber hallado cuerpos sin vida el 14 de diciembre de 2014; no existe una sola fotograka, recabada por la Fiscalía, de mujeres lesionadas, a pesar de que agentes estatales hicieron investigación
directa ese mismo día en Eloxochitlán, en Huautla y en el hospital de Huautla.

No fue la comisión de un delito, sino la consigna política, la causante de la prisión y el desplazamiento forzado con las que se sometió a la comunidad por defender su libre determinación y sus recursos naturales, explotados irracionalmente por el Señor Manuel Zepeda.

40 personas con representación comunitaria, de las cuales 7 siguen en prisión, y 13 en desplazamiento forzado, son víctimas de delitos fabricados; la fabricación puso al centro a unafalsa victima, a Elisa Zepeda, quien contó también con el respaldo público del exgobernador Alejandro Murat.

En voces de las mujeres mayores de Eloxochitlán, nuestros presos indígenas “son usados como una escalera, sobre la cual Elisa Zepeda Lagunas sube a dis*ntos cargos públicos con base en su falsa vic*mización, y por cada uno que sale libre, ella pide otro más en su lugar, por eso acusó a 40 personas, para asegurarse de efectos prolongados”.
En voces del gobierno y Elisa Zepeda, si liberan a los presos habría descontento social, sin embargo, la movilización del lunes 18 de septiembre les mostró que eso es falso; el pueblo de Eloxochitlán y de la Sierra Mazateca esperan la liberación de los presos, así como la solidaridad nacional e internacionalista.

La comunidad siempre ha tenido evidencias sólidas de los agravios sistemáticos. Las denuncias internacionales están en trámite y dicen que podrán tardar varios años para su atención. En tanto, lo alarmante es que las prácticas gubernamentales de quien prometió transformación, parecen no
cambiar.

¿Planea el gobierno de Salomón Jara junto con Elisa Zepeda más trampas? ¿Qué buscan al causarnos cansancio en este reclamo de justicia?
¿En verdad buscan que lo quememos todo para después acusarnos de terroristas, aunque no se toque a ni una persona, sino solo a los objetos? ¿Nos acusarían de terroristas? ¿Nos torturarían? Si eso harían, nos preguntamos, entonces ¿Qué mote se le debe poner a quienes se coluden para
negar el acceso a la justicia, para negar la libertad a indígenas inocentes? Y ¿Qué castigo deberían pagar por ello?

En un caso, donde la parte acusadora de los presos mazatecos es parte del Gabinete de gobierno, donde la parte acusadora dispone de todo el aparato de Estado a su favor, lo menos que le corresponde a la comunidad es ejercer su derecho a la protesta como herramienta indispensable frente a un piso absolutamente disparejo, así como el derecho a recibir la solidaridad de los pueblos de México y el mundo. El chantaje para abandonar nuestra resistencia y nuestro derecho a la protesta es inadmisible.

¡Que llegue el momento de la libertad. La opresión y la injusticia deben terminar!
Nos vemos en la calle este próximo jueves 28 de septiembre de 2023.

Atentamente: Argelia Betanzos, Mazateca por la Libertad.

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
A la Comisión Sexta del EZLN
Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
A la Misión Civil de Observación Sexta
A los Pueblos del Mundo que resisten la hidra capitalista
A los Pueblos, Tribus, Naciones, Comunidades y Barrios Originarios que
nunca fueron conquistados
A la Sexta Nacional e Internacional
A las Redes de Resistencia y Rebeldía
A la Europa Insumisa, Digna y Rebelde
A quienes firmaron la Declaración por la Vida
A los medios libres, independientes, alternativos o como se llamen…
A los medios de Comunicación y
Al pueblo en general

Hacemos un llamado urgente a las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, Congreso Nacional Indígena, Concejo
Indígena de Gobierno, Misión Civil de Sexta, a la Europa Insumisa, medios libres e independientes, al pueblo de Guerrero y a todo el pueblo México: NOS SIGUEN DESPARECIENDO y ASESINANDO.

El día 26 de septiembre de 2023, la compañera ALBERTHA SANTOS TOMAS y el compañero JOSÉ JUAN HERNÁNDEZ FISCALEÑO, ambos de la Comunidad de Alcozacán, se encontraban de visita en la comunidad de San Jerónimo Palantla, en el Municipio de Chilapa de Álvarez, salieron de dicha comunidad rumbo a Alcozacán en una moto color gris, pero fueron DESAPARECIDOS y ASESINADOS el 27 de septiembre; sus cuerpos fueron
encontrados en el lugar conocido como la Tranca en el corral a la entrada de San
Jerónimo Palantla en el Municipio de Chilapa de Álvarez.

BONIFACIO XOCHITEMPA TLALXINTLI, de la comunidad de Xochitempa en la montaña baja de Guerrero, en el municipio de Chilapa de Álvarez, fue ASESINADO extrajudicialmente en la cabecera municipal el día 12 de septiembre del presente año, por hombres armados, en la base de trasporte público con destino a Alcozacán.

ESTEBAN XOCHITEMPA TEPEXCO y su hijo JUAN XOCHITEMPA MACARIO de 16 años, ambos de la comunidad de Xochitempa, de la montaña baja de Guerrero, son ASESINADOS EXTRAJUDICIALMENTE, el día 13 de agosto del presente año en la gasolinera del municipio de Chilapa.

Por los hechos ocurridos RESPONSABILIZAMOS A CONSTANTINO
CALVARIO CAMERINO, EFRAIN TORRES FIERRO y CLEMENCIA GUEVARA TEJEDOR, integrantes del Frente de Defensa Popular- Frente Popular Francisco Villa México Siglo XXI, actualmente pertenecientes al partido político MORENA, líderes de la Comunidad de San Jerónimo Palantla y que hoy en día trabajan para el grupo delincuencial “LOS ARDILLOS” DENUNCIAMOS QUE ESTAS PERSONAS SE VICULARON HACE UNOS AÑOS CON EL GRUPO DELINCUENCIAL “LOS ROJOS”, hasta la detención de su líder, AHORA TRABAJAN CON “LOS ARDILLOS”, entregan a nuestros compañeros a manos de la delincuencia organizada, se benefician a sí mismos dando una imagen de organización popular, cuando la realidad es que con sus acciones terminan siendo parte de los grupos narco-paramilitares.

LLAMAMOS A LA SOLIDARIDAD, para EXIGIR QUE SE DETENGAN LOS CRIMENES EN CONTRA DE NUESTRAS COMUNIDADES, se está perpetrando un GGENOCIDIO por el hecho de resistir a este sistema capitalista. El Gobierno Federal, Estatal y Municipal sabe de estos crímenes, pero lo invisibiliza, lo niega y
tiene el descaro de decir que en Guerrero primero los pobres.

Es URGENTE organizarnos para frenar todos estos delitos cometidos en nuestra contra, el Gobierno es incapaz de dar una solución a la violencia que se vive día a día en Guerrero, ellos saben y saben bien donde se encuentra el máximo líder de “LOS ARDILLOS” CELSO ORTEGA JIMENEZ, quien tiene encuentro privados con la alcaldesa de Chilpancingo Norma Otilia Hernández Martínez.

“EXIGIMOS ALTO TOTAL A LAS DESAPARICIONES Y ASESINATOS A LOS
POBLADORES DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS QUE CONFORMAMOS EL CONCEJO INDIGENA Y POPULAR DE GUERRERO EMILIANO ZAPATA (CIPOG-EZ)».

“JUSTICIA POR NUESTROS COMPAÑEROS ASESINADOS EN LA
CIUDAD DE CHILAPA”
“LIBERACIÓN DE NUESTRO COMPAÑERO GODOFREDO CORTEZ
REYES SENTENCIADO POR UN DELITO FABRICADO POR LA FISCALÍA Y EL
GOBIERNO ESTATAL”
EXIGIMOS JUSTICIA PARA NUESTROS MUERTOS, DESAPARECIDOS
Y RETENIDOS INJUSTAMENTE.
¡NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS!
¡VIVAN LOS PUEBLOS INDIGENAS!
¡VIVA EL CONSEJO NACIONAL INDIGENA!
¡VIVA EL EJERCITO ZAPATISTA DE LIBERACION NACIONAL!

ATENTAMENTE
Concejo Indígena Y Popular De Guerrero Emiliano Zapata CIPOG-EZ

 

A los medios de comunicación
A la opinión pública nacional e internacional
A los organismos, colectivos y personas defensoras de derechos humanos,
A los pueblos indígenas de México y del mundo,

El Movimiento Agrario Indígena Zapatista es una organización que ha sido conocida y reconocida por su acrónimo como MAIZ, misma que el pasado 27 julio cumplió 24 años de vida. Somos una organización constituida legalmente en México, conformada por mujeres y hombres de diferentes regiones del país, quienes llevamos más de dos décadas luchado de forma pacífica por hacer cumplir los derechos colectivos y de los pueblos indígenas, y en la defensa del territorio. En nuestro caminar, siempre hemos buscado la justicia y luchado por una vida digna para nuestra gente.

Durante estos 24 años, como consecuencia de nuestra labor a favor de los derechos de los pueblos y luego de señalar a los malos gobiernos y su complicidad con grupos de poder, hemos sido criminalizados y perseguidos; compañeras y compañeros han sido asesinados, como Mariano Abarca en el estado de Chiapas en 2009 y Bety Cariño en 2010, durante el ataque a la caravana humanitaria a San Juan Copala, Oaxaca. La represión a nuestro movimiento ha implicado que también que se haya desaparecido forzadamente en 2019 a nuestro compañero Sergio Rivera Hernadez, líder indígena opositor al proyecto hidroeléctrico Coyolapa-Atzalan, en la Sierra Negra de Puebla. Todos casos que se encuentran en la impunidad.

En las semanas recientes diversos medios nacionales y regionales de comunicación han difundido información relacionada con incidentes de violencia en Chiapas en las que se han visto señaladas tanto organizaciones delictiva como organizaciones populares qué han servido de bases de apoyo para la operación de ciertos grupos criminales.
Erróneamente se ha vinculado a un colectivo del Estado de Chiapas qué utiliza nuestro mismo acrónimo (MAIZ) como si fuera parte de nuestra organización nacional.
Y el pasado fin de semana se volvio a incurrir en una confusion mas al señalar al grupo armado «Mano Izquierda» de nueva cuenta como MAIZ nuestra organizaron histórica de carácter nacional.

Entendemos que en ocasiones la información pueda ser poco clara por parte de las fuentes y que ante la ausencia de información oficial se lleguen a confundir los nombres de los grupos con presencia en el Estado de Chiapas. La confusión que han generado, pone a en riesgo la integridad física de nuestros compañeros y compañeras, puede traer efectos criminalizantes y deslegitimar nuestro trabajo a favor de los derechos de los pueblos.

Rechazamos categóricamente cualquier relación con esos grupos violentos en el estado de Chiapas. Nos deslindamos de cualquier acto en el que se nos pretenda vincular, agradeciendo de antemano a los medios de comunicación las aclaraciones y rectificaciones pertinentes sobre esta información.

Por lo anterior, nos deslindamos públicamente de los actos promovidos por la organización paramilitar ( Mano Izquierda) asi como por el MAIZ-Chiapas la cuales no tiene nada que ver con el Movimiento Agrario Indígena Zapatista

Alto a la Guerra contra los pueblos indígenas en Mexico.

Movimiento Agrario Indigena Zapatista, MAIZ.

Al CCRI-CG del EZLN
Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
A la Comisión Sexta del EZLN
Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
A Ma. de Jesús Patricio Martínez, Vocera del CNI-CIG
A los Pueblos del Mundo que resisten contra el Sistema Capitalista y Patriarcal
A los Pueblos, Tribus, Naciones, Comunidades y Barrios Originarios que nunca fueron conquistados
A los Pueblos que luchan y resisten en la Cuenca del Anáhuac
A los pueblos afrodescendientes y originarios del Abya Yala
A la Europa Insumisa, Digna y Rebelde
A la Sexta Nacional e Internacional
A las Redes de Resistencia y Rebeldía
A quienes firmaron la Declaración por la Vida
A todas las personas del mundo que luchan contra el capitalismo
A los medios libres, independientes, alternativos o como se llamen…

Herman@s Tod@s.

Con fundamento en el artículo 4º constitucional, que establece que “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.”; y, tomando en cuenta que la Asamblea General de las Naciones Unidas, en julio de 2010, adoptó una resolución histórica que reconoce «el derecho al agua potable y al saneamiento como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos»; desde la “Asamblea Nacional por el Agua y la Vida”…

ALERTAMOS, QUE EN CONTRASTE CON ESTAS DECLARACIONES, MÉXICO VIVE UNA CRISIS IRREVERSIBLE DEL AGUA Y, RESPONSABILIZAMOS A CONAGUA, POR SER OMISA Y COMPLICE EN EL DESPOJO Y SAQUEO DEL AGUA A NUESTROS PUEBLOS Y COMUNIDADES.

Frente a esta grave situación, y como parte de los acuerdos alcanzado en la Tercera Asamblea Nacional por el Agua y la Vida, pueblos originarios y comunidades indígenas integrantes del CNI-CIG, así como organizaciones sociales, colectivos, rede e individu@s, anunciamos que el día de hoy 25 de septiembre, arrancamos aquí en la instalaciones de CONAGUA, con una “Campaña Nacional contra la Guerra y por la Vida” para denunciar la explotación, el despojo, la represión y el desprecio de la Cuarta Transformación en contra de quienes defendemos el agua, es decir la vida. Así mismo, para exigir un alto total a la guerra contra los pueblos zapatistas.

Compañer@s, llamamos a realizar una Acción Dislocada en defensa del Agua y la Vida, frente a las oficinas centrales de CONAGUA, para denunciar:

Que, CONAGUA, en la víspera de cumplir 35 años de su nacimiento, ha dejado 115 acuíferos sobreexplotados de los 653 que existen, 99 de ellos tienen la presencia de alguna empresa, particular o asociación acaparadora. Pero no sólo eso, CONAGUA abre la puerta para un mercado internacional del agua otorgando concesiones a bancos como BBVA que tiene 1.6 hm³/año en el acuífero sobreexplotado Atemajac cerca de Guadalajara. Banco Azteca, 2.2 hm³/año en el acuífero sobreexplotado Zona Metropolitana, de la cuenca de México.

Que, CONAGUA, ejecuta la Ley de Aguas Nacionales, versus, Ley del robo de Aguas Nacionales, desde su nacimiento, se ha enriquecido una mínima porción de la población equivalente al 1.1% de todos los usuarios del agua, este porcentaje explota más de una quinta parte de toda el agua nacional. Es decir, una quinta parte de toda el agua del país, la acapara un grupo que comprende 966 empresas tanto de energía eléctrica como cerveceras, acereras, agroindustrias, mineras, papeleras, automotrices, embotelladoras, entre otras, que explotan 5 805 hm³/año; 1,537 personas físicas dueñas de concesiones por 2 547 hm³/año de agua y 801 asociaciones civiles que tienen concesionados 4 856 hm³/año. Lo más grave, sin regulación, ni control y gozando de la impunidad gubernamental, una vez que usan agua, la devuelven contaminada a los mares, rios, pueblos y comunidades.

Que, CONAGUA, es responsable de estos ejemplos emblemáticos: La minera Peñasquito, de la empresa canadiense Goldcorp, que explota un volumen de 50 hm³/año y que ha sido acusada de contaminar los cuerpos de agua de comunidades, en el municipio de Mazapil, Zacatecas; así como Bebidas Mundiales y Bepensa (del grupo FEMSA) que juntas explotan 21.9 hm³/año de agua para producir bebidas azucaradas como Coca Cola. Si se suman los demás usuarios que forman parte de la familia Coca Cola (Embotelladora del Nayar, Servicios Refresqueros del Golfo y Bajío, Bebidas Refrescantes de Nogales, Propimex e Inmuebles del Golfo), el volumen concesionado es de 39.4 hm³/año. Este grupo ha sido denunciado por sobreexplotar los mantos acuíferos en Chiapas y Tlaxcala, y por dejar sin agua a la población.

Que, CONAGUA, permite que estos acaparadores tengan varias concesiones para distintos tipos de usos, que puedan transferirlas a otros, que un mismo usuario pueda tener varias concesiones a través de familiares o prestanombres que puedan evitar pagar cuotas simulando tener otro tipo de concesión y su supuesta negligencia permitió, por ejemplo; que la empresa Bonafont-Danone en la región cholulteca operara por más de 7 años con una concesión vencida.

Que, CONAGUA, es responsable del grave problema de la contaminación del agua que tenemos en México, bajo el lema de “el que contamina paga”, es decir, para CONAGUA contaminar el agua es un negocio, promueve no solamente la descarga de desechos tóxicos a ríos, lagos y áreas de tierra a cielo abierto, también es tierra fértil para la corrupción, compra de funcionarios que hacen inspecciones superficiales, o bien las evitan mientras reciban sus respectivos pagos por debajo del agua. Así mismo, con la Ley de Aguas Nacionales, las empresas se pueden ahorrar un gran porcentaje de los pagos que por contaminar generan, registrando sus concesiones como de diferentes usos, lo cual los exime de pagar la tarifa del uso industrial.

Que, CONAGUA, es la instancia del gobierno federal, donde se se gesta el robo masivo de agua; es la instancia desde donde se institucionaliza el despojo y el saqueo del agua en contra de nuestros pueblos y comunidades, es la instancia desde donde se dicta una política entreguista y subordinada a los interese del gran capital y las transnacionales, por tanto, quienes integramos la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida, sostenemos que el despojo del agua, es parte de la guerra capitalista contra nuestros pueblos originarios; es decir, la guerra por el vital liquido, es una cabeza más de la hidra capitalista.

Reiteramos, que son los pueblos originarios y las comunidades indígenas en México, quienes día a día, enfrentan una guerra permanente en la defensa del agua y la vida, los empresarios dan las órdenes y sus empleados los funcionarios de todos los niveles del gobierno, incluyendo al ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, las ejecutan. Así mismo, la presencia generalizada del ejército, la guardia nacional, el crimen organizado y los grupos paramilitares, especialmente asentados en territorio de lo pueblos y comunidades indígenas, habla de una estrategia de guerra en contra de la vida, que desde la cuarta transformación se imponen para garantizar el desarrollo de los megaproyectos como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico y el Proyecto Integral Morelos.

Como muestra un botón:

En Tlaxcala diversos colectivos reprueban y condenan la serie de violaciones por parte del gobierno del Estado de Tlaxcala en contra de los pueblos Tlaxcaltecas que luchan por defender su territorio, sus bosques, el agua y sus derechos colectivos. En julio del 2022 defensores y líderes comunitarios de la comunidad de San Pedro Tlalcuapan, Saúl Rosales Meléndez, presidente de comunidad y Raymundo Cahuantzi Meléndez, Tiaxca, fueron detenidas arbitrariamente, aduciendo que participaron en un linchamiento, cometiendo varias violaciones a sus derechos humanos desde el momento de la aprehensión, llevan más de un año injustamente presos, reflejando claramente un hecho de criminalización, represión, intimidación y violación a nuestros derechos.

Por otro lado, sufren la imposición de mega proyectos por parte del gobierno estatal y federal violentan sus territorios, generando desmonte, tal como sucede en el monte de “Malpais”, Calpulalpan, donde el bosque de encinos fue destruido para instalar el parque fotovoltaico Nueva Xcala, que entre otras afectaciones está la captación de agua.

De la misma forma poblaciones de municipio de La Magdalena Tlaltelulco nos hemos tenido que enfrentar a situaciones de despojo inmobiliaria, y más peligroso aún, del despojo autoritario y violento de los pozos de agua pertenecientes a nuestra comunidad ejidal, poniendo en riesgo nuestra única fuente de subsistencia que es la agricultura, pero también nuestra vida comunitaria con sus dinámicas y formas de organización propias y autónomas. Así mismo, denunciamos que en febrero del presente año, la diputada Marcela González Castillo propuso expedir la Ley para la Prestación de Servicios de Agua Potable y Saneamiento del Estado de Tlaxcala, esta iniciativa tiende a mercantilizar el agua, es inconstitucional, desconoce las formas tradicionales de participación comunitaria para la gestión del agua y criminaliza la protesta social. Nuevamente desconociendo, discriminando y violentando a los 94 pueblos originarios de Tlaxcala, la cual es contraria a los derechos humanos colectivos y que se contrapone directamente a la manera de organizarnos y vivir.

Denunciamos que el Congreso del Estado para privatizar el acceso al agua, no solo a los pueblos originarios, sino a toda la población, simulan foros regionales y consultas ciudadanas impulsadas por ellos mismos, si alzamos la voz, somos violentamente reprimidos por agentes de la Secretaria de Seguridad Ciudadana y policía estatal, mediante helicópteros, bloqueando nuestro andar con granaderos, usando la fuerza física, lanzándonos gases lacrimógenos e incluso detonaciones de armas de fuego. Por estas razones, el Colectivo de Saneamiento y Restauración de la Malintzi Tlalcuapan, Colectivo 16 de Octubre, el Colectivo 4 de octubre, el Colectivo en Defensa del Territorio de Tlaltelulco y la comunidad Ejidal de Tlaltelulco, demandamos, un alto a la criminalización, a la represión y saqueo de nuestros bienes naturales y comunitarios, la restitución legal de nuestro territorio, el cese al despojo sistemático de nuestras aguas y nuestra tierra.

En Puebla, en el Municipio de Juan C. Bonilla, el gobierno municipal, encabezado por el ecocida, José Cinto Bernal, ha solapado el tráfico de agua de la empresa Bonafont del corporativo Danone que durante 29 años robó el agua de la región Cholulteca y que el 29 de mayo del 2021 provocó un desastre ambiental que se manifestó en el socavón en Santa María Zacatepec.

De la misma forma, ha provocado una contaminación sin precedentes en las 5 comunidades del municipio de Juan C. Bonilla las cuales comprenden los pueblos de: La colonia José Ángeles, Santa María Zacatepec, San Lucas Nextetelco, San Mateo Cuanalá y San Gabriel Ometoxtla; Los registros del drenaje se han colapsado en su totalidad provocando que los desechos contaminantes se viertan directamente en el río Metlapanapa, afluente del río Atoyac. A su vez, ha construido fosas clandestinas en el ejido de Zacatepec en coordinación con el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Huejotzingo (SOSAPAHUE) y CONAGUA Puebla, que contaminan los mantos acuíferos y las siembras de maíz en la comunidad, de la misma forma, en el ejido Serrano de San Mateo Cuanalá la Universidad Politécnica de Puebla (UPPUE) desemboca sus desechos en las tierras de cultivo provocando una contaminación en las siembras.

En Puebla, se criminaliza la lucha social para los defensores del agua, el territorio y la vida, prueba de ello, es que en coordinación con pueblos y organizaciones, liberamos a nuestros compañeros Miguel López Vega y Alejandro Torres Chocolatl quienes desde el 2019 fueron perseguidos por defender el Río Metlapanapa, hoy son libres de todos los cargos que la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla les fabricó.

En Querétaro, en marzo de 2021 tras evidenciar las múltiples irregularidades en el saqueo del agua ligado a funcionarios públicos, la Comisión Estatal de Aguas, no solamente reprimió la lucha social, sino que violó los derechos de las comunidades indígenas, al otorgar concesiones, favoreciendo empresas privadas en su mayoría inmobiliarias. Gracias a las movilizaciones, se cerraron las carpetas de investigación que criminalizaban a tres defensores del agua después de la represión del 10 de junio del 2022 en el contexto de las protestas contra la Ley que privatizó el agua en Querétaro.

Hoy desde este foro de denuncia, demandamos que CONAGUA,
1.-Cumpla los acuerdos de generar los mecanismos para regresar las concesiones del pozo del barrio cuarto de la comunidad originaria de Santiago Mexquititlan.
2.- Otorgue las copias certificadas, de las mesas de diálogo realizadas entre la CEA, CONAGUA Y EL CONCEJO AUTÓNOMO DE SANTIAGO MEXQUITITLAN antes, durante y posteriores a la fecha en que se aprueba la ley que privatiza los servicios de agua, liquidobextraída en su mayoría de comunidades originarias y favoreciendo a la industria que despoja, contamina y ahora descaradamente está involucrado en los servicios de agua potable,
Los acuerdos se realizaron mediante mesas de trabajo para generar los mecanismos para la restitución del pozo de Barrio Cuarto. Dichos acuerdos fueron incumplidos por la CONAGUA y la Comisión Estatal de Agua de Querétaro.
3.- Solicitamos nos reciban nuevamente por escrito nuestras peticiones.
Exigimos al titular del estado de Querétaro, la abrogación de la ley que otorga los servicios de agua potable a la industria legitimando la fuerza pública para catear domicilios, también mencionamos el incremento de la represión con intentos de ejecución extrajudicial, desaparición forzada, detención arbitraria y tortura sexual, física y psicológica en Querétaro, como es el caso reciente de madres buscadoras, de Escolásticas , el 10 de junio de 2022 a la REDAVI y en reiteradas ocasiones al concejo autónomo en una protestas pacíficas en las afueras de la CEA y de esta oficina con presencia de millares de granaderos.
Nuestro derecho histórico existente antes que el mismo estado nos ampara para el derecho, al uso, disfrute preferencial del agua y por tanto a su administración en el libre ejercicio de su autonomía y autodeterminación sobre los recursos naturales qué existen en nuestro territorio.
Invitamos a la sociedad civil, estar pendiente de los procesos judiciales de amparo en contra de la Ley clasista, racista y discriminatoria de Querétaro, pues en el entendido de que el estado Mexicano busca proteger el poder económico nacional y trasnacional a costa de la violencia de estado en contra de las comunidades indígenas, es que es necesario acompañen en los resolutivos que los juzgados 1º. y 7º. de Distrito en Querétaro emitan respecto a los derechos de las comunidades indígenas, el pozo de agua potable y en contra de la ley que privilegia y concesiona los servicios de agua en Querétaro. Por tanto, demandamos por último exigimos a la CONAGUA, entregue mediante oficio, a nuestra comunidad, el número de concesiones otorgados en Querétaro en los últimos tres años (2021, 2022 y 2023).
En la Ciudad de México, el Sistema de Aguas (Sacmex) es la instancia responsable de utilizar estrategias de despojo, privilegiando a las inmobiliarias y centros comerciales. También, se ha encargado de omitir consultas a los pueblos para la realización de obras, ocultando información y actuando en contubernio con los gobiernos de las alcaldías. En Xochimilco y Atlapulco, Sacmex realiza ‘obras sorpresa’ sobre las líneas de agua potable, tratada o residual, sin rendir informes a los habitantes.
En caso de inconformidad, se hace uso de la policía, los granaderos y otras fuerzas públicas para reprimir a la gente. Así lo demostró el gobierno con la represión del 2 de diciembre de 2022 contra el pueblo de Atlapulco, mandando cerca de mil granaderos para imponer una obra de infraestructura hidráulica sin consulta ni información transparente.
Los pueblos del Anáhuac, exigimos al Congreso Local de la CDMX, deje sin efecto su famoso Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT), que no es otra cosa que ensalzar el comercio inmobiliario contra el suelo de conservación, el cual es importantísimo porque es el territorio de donde emana la vida a través de la recarga de los mantos freáticos.

En San Gregorio Atlapulco, existe un problema de salud pública, de empobrecimiento a causa de la contaminación en Zona Patrimonio de la Humanidad ya que recibimos aguas residuales desde hace más de 30 años de los pueblos de la alcaldía Milpa Alta. A pesar de haber solicitado a las más altas autoridades de la CDMX la instalación de plantas tratadoras en los pueblos de esa Alcaldía hemos sido ignorados y han impuesto un proyecto lesivo para Atlapulco por eso una vez más,

EXIGIMOS:
A más de un mes sin agua, abastecimiento inmediato de agua potable para el pueblo.
La instalación de plantas tratadoras de las aguas residuales en los pueblos de la Alcaldía Milpa Alta.
Alto a la contaminación de las aguas pluviales con aguas residuales.
Basta de contaminación de aguas residuales y sus consecuencias en los habitantes del pueblo.
Aprovechar las aguas pluviales de las barrancas de Texcolli y Texcalatlaco para verterlas en nuestras chinampas.

No más recubrimiento con asfalto y cemento en nuestro suelo, si a los materiales permeables.

Recarga de los mantos freáticos con agua limpia.

La Comunidad Indígena Otomí residente en la CDMX, en la víspera de cumplir tres años de haber tomado las instalaciones de lo que fue el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, hoy Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes”, condena que a casi 1095 días de la Toma del INPI, se encuentran como el primer día; es decir, las autoridades del Gobierno de la CDMX, siguen sin escucharl@s, sin verl@s y sin hablarles. Siguen sin resolver sus de mandas de educación, trabajo, salud, alimentación y principalmente, vivienda.
Peor aún, hay un constante hostigamiento policiaco en la inmediaciones de la Casa de los Pueblos, les suspenden el suministros de la corriente eléctrico y, en diversas ocasiones, han suspendido el suministro de agua potable, violentando con ello, su derecho humanos al agua.

Finalmente queremos decir, que al mismo tiempo que estamos llevando a cabo esta ación dislocada en CONAGUA, en distintos calendarios y geografías del país, también se están llevando a cabo otras actividades, por lo que hacemos un llamado a todos los pueblos, comunidades, organizaciones, redes y colectivos, a sumarse con acciones a esta campaña para hacer eco a la exigencia del alto a la guerra en contra de los pueblos zapatistas, alto al despojo y saqueo del agua, y un alto al exterminio de la vida.

Para sumarte y registrar tus actividades y propuestas a realizar durante esta “Campaña Nacional contra la Guerra y por la Vida”, disponemos el correo asambleanacionalporelagua@gmail.com

Porque para los pueblos originarios el agua no será guerra sino unión por la vida.
Aquí estuvimos, aquí estamos y aquí estaremos los pueblos y comunidades por el agua y la vida.

 

ATENTAMENTE

No nos rendimos, No nos vendemos y No Claudicamos.
Por la Reconstitución Integral de nuestros Pueblos
Nunca más un México sin Nosotrxs
Alto a la Guerra en contra de los Pueblos Zapatistas
Zapata Vive, la Lucha Sigue
Samir Vive la Lucha Sigue
Viva el EZLN
Viva el CNI-CIG
Hasta que la Dignidad y la Justicia se haga costumbre
Porque Vivos los Llevaron, Vivos los Queremos
No al Tren Maya
No al Proyecto Integral Morelos
No al Corredor Interoceánico
No al Aeropuerto Internacional de Santa Lucía
Nuestros sueños no caben en sus urnas,
tampoco nuestras pesadillas y tampoco nuetrxs muertxs
El agua no se vende, se ama y se defiende

 

ASAMBLEA NACIONAL POR EL AGUA Y POR LA VIDA

Ciudad de México a 25 de septiembre de 2023

OCTOBER 12, DAY OF RESISTANCE AND INDIGENOUS DIGNITY

 

A CALL TO ACTION

 

  STOP THE WAR AGAINST THE PEOPLE OF MEXICO AND THE WORLD, TOWARDS THE ZAPATISTA PEOPLE AND TOWARDS THE ORIGINARY PEOPLE OF MEXICO

 

To the people of Mexico and the world,

To the National Coordination Space Against War,

To the National Assembly for Water and Life,

To the fathers and mothers of the 43 disappeared from Ayotzinapa,

To the organizations and groups that defend human rights,

To the Networks of Resistance and Rebellion,

To the Sixth National and International,

To the signatories of «A Declaration for Life» on the five continents,

To the Rebellious, Dignified and Rebellious Europe.

 

531 years after the beginning of the resistance and rebellion of our peoples against the war of capitalist invasion and conquest and within the framework of the 27 years since the National Indigenous Congress (CNI) was founded as the space for struggle and unity of the original peoples of Mexico, WE CALL the peoples of Mexico and the world to redouble our resistance against the death that today more than ever is imposed on us by patriarchal capitalism on a planetary scale.

 

October 12 marks the beginning of the resistance of our people and communities against the greatest genocide in the history of humanity, against invasion, against conquest, against the dispossession of our lands and territories, against the extermination of our institutions, languages, culture and traditions; that is, against the death that global capitalism produced and continues to produce.

 

Together with the National Assembly for Water and Life, we declare that the war that we face as peoples, communities, neighborhoods, vicinities, tribes and nations throughout the national territory, is developed and systematized by Andrés Manuel López Obrador, “Supreme Chief of the Armed Forces” and head of the Federal Executive branch, to guarantee and safeguard the interests of big capital and the narco state. Furthermore, it militarizes the entire country, as a guarantee to impose its mega projects of death such as the Mayan Train, the Interoceanic Corridor, the Morelos Comprehensive Project and the Santa Lucía International Airport, which, based on colonialism, patriarchy, homogenization, imposition, hatred and fear, seek to order and reorder our territory. Therefore, we denounce that organized crime and paramilitary groups systematically collaborate with the armed forces, the National Guard and the state and municipal police, to the point where we can no longer understand them as different entities, but rather codependent pieces, muscles and ligaments of the armed arm of the Narco Capitalist State.

 

The siege of the Zapatista towns and the Zapatista National Liberation Army (EZLN), massacres such as that of Acteal, or the executions and forced disappearances against members of the Indigenous and Popular Council of Guerrero-Emilano Zapata and the Nahua community of Santa María Ostula, as well as the disappearance of the 43 students from Ayotzinapa, together with the growing and continued violence against women, or the murder of land defenders, as is the case of our brother Samir Flores Soberanes, are strong signs of this war.

 

Hand in hand with the National Coordination Space Against War we say that Chiapas is Mexico, and in Chiapas today many of the violences that afflict the entire Mexican territory are concentrated. The war that was imposed on our country from the United States, deepened by the former president Felipe Calderón, today reaches the entire national territory. The border has moved to the southeast, and with it the war, a war that the current administration has not stopped we have now: 153,941 intentional homicides, 42,935 people missing and not located, 69 journalists and 94 defenders of land and territory, indigenous peoples and the environment murdered in the continued process of militarized and criminal recolonization of the current six-year term. Concluding that, in this context, paramilitary and quasi-paramilitary groups that have operated with total impunity in Chiapas for three decades, have increased their belligerent actions against the Zapatista peoples. Between 2019 and 2023, the Regional Organization of Coffee Growers of Ocosingo, which at least since 2000 has operated at the service of different governments, political parties and power groups in the region, has carried out more than 100 attacks against Zapatista towns belonging to Caracol 10, «Floreciendo la Semilla Rebelde», based in Patria Nueva, Good Government Council Nuevo Amanecer in Resistance and Rebellion for Life and Humanity. 

 

In the face of this capitalist and patriarchal war of world corporations and their governments against humanity, we mobilize to demand a total stop to the military and paramilitary siege and the counterinsurgency strategy directed against the EZLN and the Zapatista communities; and against the indigenous peoples of Mexico, through militarization, militarism, paramilitarization, organized crime or the so-called indigenous justice plans that institutional indigenism promotes; We organize to stop this war that is structured through increasing dispossession and exploitation that involves the plundering of water, the extraction and distribution of hydrocarbons, mining and infrastructure megaprojects aimed at the savage management of populations, borders and of the territories of our peoples.

 

For all of the above, as an agreement of the Expanded Meeting of the Coordination and Monitoring Commission of the CNI-CIG, we call on the people of Mexico and the world who resist death and oblivion and on the social, civil and political organizations, as well as well as to the women and men of good heart, so that together we raise our voices against the war in Mexico and in the world, against the war against the Zapatista peoples and the indigenous peoples of Mexico and, consequently, WE CALL you to according to their times, modes, calendars and geographies:

 

ON OCTOBER 12, 2023, 

WE WILL CARRY OUT A:

 

GLOBAL ACTION TO STOP THE WAR AGAINST THE PEOPLE OF MEXICO AND THE WORLD, TOWARDS THE ZAPATIST PEOPLE AND TOWARDS THE ORIGINAL PEOPLE OF MEXICO

 

And we make a call to demonstrate in the streets, embassies and consulates, schools, and workplaces, on social networks; everywhere that is possible and essential, against military and paramilitary violence, organized crime and capitalist corporations and in defense of life, registering the activity at cnicomunicacion@gmail.com. We call each other and we call on you to join forces to collectively weave and plan a NATIONAL AND INTERNATIONAL DAY OF DISLOCATED ACTIONS, as well as our participation in the THIRD ANNIVERSARY OF THE TAKEOVER OF THE INPI BUILDING (today Casa de los Pueblos Samir Flores Soberanes) by of the Otomí Indigenous Community in Mexico City and a CENTRAL MOBILIZATION IN THE HEART OF MEXICO CITY.

 

THE WAR AGAINST THE PEOPLE IN MEXICO IS CALLED A CAPITALIST NARCOSTATE.

 

531 YEARS AFTER WAR WE CONTINUE RESISTING. 27 YEARS OF THE NATIONAL INDIGENOUS CONGRESS.

 

 

 SINCERELY

 

Never again a Mexico without Us!

For the Comprehensive Reconstitution of our Peoples!

NATIONAL INDIGENOUS CONGRESS – INDIGENOUS GOVERNMENT COUNCIL