– La instancias judiciales y ministeriales están abriendo caminos al despojo y la impunidad.
– Arrecian nuevas formas de agresión, criminalización y ataques a niñas, niños y adolescentes de la comunidad.
Al Congreso Nacional Indígena.
A los pueblos indígenas de nuestro país.
A las organizaciones de derechos humanos.
A los medios de comunicación.
Al pueblo de Jalisco y de México.
Desde la comunidad indígena autónoma, tepehuana y wixárika, de San Lorenzo de Azqueltán, municipio de Villa Guerrero, Jalisco, denunciamos con urgencia una nueva ofensiva de impunidad, criminalización y despojo territorial contra nuestra comunidad.
Con acuerdos ilegales y una aparente corrupción que alcanza a diversos órganos que deberían impartir justicia, el Poder Judicial se está prestando para celebrar una audiencia ilegal, señalada para el 6 de julio de 2026, dentro de la carpeta administrativa 343/2026 del Décimo Distrito Judicial con sede en Tequila, Jalisco. Dicha audiencia deriva de una supuesta incompetencia por inhibitoria promovida por la defensa de uno de los asesinos de Marcos Aguilar Rojas, donde se plantea cambiar la medida de prisión preventiva oficiosa, con lo que se busca desviar el curso del proceso penal, generar confusión jurisdiccional y excluir a las víctimas, quienes no fueron notificadas de este evidente acto de corrupción que busca de forma sin ningún fundamento legal, liberar a Manuel de Jesús Aguilar Herrera, quien participó, junto con otras cuatro personas aún prófugas, en el asesinato de Marcos Aguilar Rojas, miembro de la representación agraria de Azqueltán, ocurrido el pasado 26 de noviembre de 2025, ataque en el que también fue herido de gravedad el comunero Gabriel Aguilar Rojas.
Esa audiencia no puede celebrarse a espaldas de las víctimas, de su asesoría jurídica ni de la comunidad. No puede decidirse sobre la competencia del asunto sin garantizar previamente que hayamos sido notificados, que hayamos tenido acceso completo a los registros y que se nos haya dado traslado del escrito de la defensa, mucho menos puede resolverse un cambio en la prisión preventiva oficiosa, porque el Juez penal de Tequila legalmente no es competente y además no existen elementos de prueba presentados, ni fundamento legal alguno que justifiquen la modificación de la medida, por lo que de llegar a concretarse, constituiría un actuar completamente irregular por parte del Juez, que construye una ruta de impunidad.
Advertimos públicamente que cualquier maniobra ilegal, corrupta o procesalmente irregular para liberar o favorecer al agresor será entendida como un acto de complicidad con la impunidad y con el despojo territorial.
Al Poder Judicial y al Gobierno del Estado de Jalisco les decimos que deben escuchar esta palabra: liberar al agresor no sería justicia; sería proteger el despojo y garantizar la impunidad para los asesinos de Marcos Aguilar Rojas. Resolver sin escuchar a las víctimas no sería legalidad; sería encubrimiento. Permitir la impunidad sería mandar un mensaje de muerte contra quienes defienden la tierra, no solo en Azqueltán, sino en todos los pueblos originarios de este país, que vivimos uno de los tiempos más violentos de nuestra historia. El motor de esta violencia es el despojo de nuestras tierras y recursos naturales, así como el desmantelamiento de nuestras formas propias de organización, autonomía y libre determinación.
Esta amenaza que anuncia muerte y violencia tiene un eco previo en nuestra comunidad. El pasado 29 de junio de 2026, en el predio conocido como La Cueva del Mosco o Peñasco Blanco, posesión comunal de Azqueltán, se encontraban comuneros trabajando y resguardando el predio, incluidos menores de edad. En ese momento llegaron Juan Aguilar Márquez y Rosalba de la Cruz García en una camioneta azul, la cual aceleraba de manera amenazante, como si pretendiera atropellar a los compañeros. La mujer descendió del vehículo y, en actitud amenazante y provocadora, comenzó a grabar y tomar fotografías a los comuneros.
Días antes, ante la agresión de supuestos ejidatarios que robaron postes y alambres y amenazaron a los comuneros, la agencia del Ministerio Público del municipio de Villa Guerrero, Jalisco, se negó a recibir las denuncias de nuestros comuneros, argumentando que debían acudir hasta Colotlán.
Posteriormente, el 1 de julio de 2026, policías municipales de Villa Guerrero acudieron al predio La Cueva del Mosco para notificar a los comuneros que se habían otorgado medidas de protección a favor de Juan Aguilar Márquez y que existía una investigación en su contra. Esto ocurre pese a que, en los videos, no se observa que los comuneros hayan realizado actos de intimidación o molestia contra dicha persona, sino todo lo contrario. El mismo Ministerio Público que fue omiso con nuestra comunidad actuó con gran celeridad y urgencia para notificar e intimidar en sus propias casas incluso a los niños que estaban presentes, víctimas de por sí de la violencia recurrente.
La agresión contra los niños de nuestra comunidad no tiene otro fin que buscar apagar nuestra existencia, y debería ser una línea inaceptable para cualquier institución. Por el contrario, los quieren tratar como delincuentes; los amenazan, desintegran a sus familias con asesinatos como el de Marcos, los atemorizan y roban la paz a todo nuestro pueblo.
La Fiscalía del Estado y los jueces contrastan, con estas acciones, la lentitud, el desprecio, la discriminación y la omisión ante todo lo que hemos enfrentado: amenazas, ataques armados, secuestros, torturas, destrucción de cercos, invasión de predios comunales, robo de materiales, criminalización, tentativas de homicidio y asesinatos en contra de comuneros, autoridades agrarias y tradicionales. Estos hechos no son aislados: forman parte de una guerra prolongada contra nuestros pueblos indígenas por defender su territorio ancestral.
Mientras se intenta favorecer procesalmente a un imputado por el asesinato de Marcos, se activan medidas contra comuneros que defienden el predio La Cueva del Mosco. Mientras los agresores históricos han actuado durante años con impunidad, la autoridad se mueve rápidamente para criminalizar a las víctimas. Mientras la comunidad exige justicia, protección y reconocimiento territorial, el Estado parece proteger el camino del despojo.
Por ello, exigimos al Poder Judicial del Estado de Jalisco:
Que el Juez de Control, Enjuiciamiento, Justicia Integral para Adolescentes y Ejecución Penal del Décimo Distrito Judicial con sede en Tequila, Jalisco; actúe conforme a derecho, declarando improcedente el incidente de incompetencia por inhibitoria y se abstenga de realizar cualquier modificación en la prisión preventiva oficiosa que fue dictada por el Juzgado penal de Colotlán, Jalisco, evitando actuar sin antes garantizar la participación efectiva de las víctimas y de su asesoría jurídica.
Que impida que una maniobra procesal se convierta en una puerta de impunidad.
Exigimos a la Fiscalía del Estado de Jalisco:
Que detenga el clima de criminalización en contra de autoridades y comuneros.
Que cese de inmediato la violencia y revictimización de niñas, niños y adolescentes en nuestra comunidad.
Que investigue y dé cauce a las denuncias interpuestas por la comunidad indígena de Azqueltán, y no solo a las que se presentan en su contra.
Llamamos a los pueblos indígenas, organizaciones de derechos humanos, medios libres, colectivos solidarios y personas conscientes a estar atentos a la audiencia del 6 de julio de 2026, para que, por todas las vías posibles y con creatividad, hagamos llegar esta exigencia a las autoridades.
Anunciamos, que nuestra comunidad no permanecerá cruzada de brazos ante este nuevo atropello, por lo que pedimos a la sociedad y pueblos de este país que estemos atentos y solidarios.
Marcos Aguilar Rojas no murió: sus pasos están en cada acción en defensa del territorio. No permitiremos que su asesinato sea borrado por maniobras procesales corruptas, ni que la justicia sea comprada por el poder del despojo, ni que se criminalice a quienes defienden la vida.
¡Justicia para Marcos Aguilar Rojas!
¡Alto a la criminalización de San Lorenzo de Azqueltán!
¡Alto al despojo territorial!
¡No a la liberación de los asesinos!
¡La tierra comunal no se vende, se ama y se defiende!
Atentamente,
Nunca más un México sin nosotros.
Comunidad indígena autónoma, tepehuana y wixárika de San Lorenzo de Azqueltán, municipio de Villa Guerrero, Jalisco.
Julio de 2026.