Los pueblos y comunidades indígenas y campesinas integrantes de los pueblos Ñuu Savi, Ngiwa, Nahua, Zapoteco de Oaxaca y Puebla declaramos que vivimos un momento crítico para la defensa de la vida y los territorios. En las últimas décadas los gobiernos neoliberales profundizaron un modelo económico que privilegia la acumulación privada, beneficiando a sectores empresariales por encima de los derechos de los pueblos, el cuidado de la naturaleza y el bienestar colectivo. Denunciamos que esta situación no ha cambiado con el gobierno de la Cuarta Transformación. Las grandes corporaciones mineras, energéticas y de infraestructura han concentrado enormes riquezas y ejercen una influencia que les permite incidir en las decisiones públicas, promover marcos legales favorables a sus intereses y avanzar sobre nuestros territorios.
Advertimos que este modelo extractivo se sostiene mediante estructuras de poder que favorecen el despojo, la criminalización de quienes defienden la tierra y la persistencia de una lacerante impunidad. Denunciamos que la actuación y la omisión de diversas autoridades han permitido que intereses económicos y grupos criminales continúen afectando la vida de nuestras comunidades.
En México persisten marcos jurídicos heredados de un modelo neoliberal que sigue vigente, que ha privilegiado históricamente a las industrias extractivas sobre los derechos de las comunidades.
Durante décadas, la legislación minera, de aguas y ambiental otorgó ventajas desproporcionadas a las empresas, permitiendo concesiones de muy larga duración y favoreciendo el uso preferente del territorio para actividades extractivas. Estos esquemas han facilitado el despojo y deben transformarse para colocar en el centro los derechos de los pueblos y la protección de los bienes comunes.
Frente a este contexto, manifestamos que los espacios de diálogo y negociación impulsados por el Estado, en múltiples ocasiones, no han garantizado el respeto efectivo a nuestros derechos colectivos ni la atención de nuestras demandas históricas. Por ello, reafirmamos nuestra decisión de fortalecer el camino de la autonomía, la libre determinación y el ejercicio de nuestros sistemas propios de organización como la vía legítima para enfrentar las problemáticas que vivimos en nuestras comunidades. En este escenario las comunidades, organizaciones y pueblos participantes hacemos el siguiente pronunciamiento:
1. Exigimos la cancelación inmediata de todas las concesiones mineras que amenazan nuestros territorios y benefician principalmente a corporaciones nacionales y transnacionales.
Exigimos también la cancelación del Corredor Zapoteco, conocido como Libramiento Sur; la cancelación definitiva de la planta de amoniaco en Sinaloa; y la cancelación de los llamados polos de economía circular, proyectos que representan graves riesgos ambientales y sociales para nuestras comunidades. Exigimos la cancelación del proyecto minero “Los Lirios” en el municipio de Zapotitlán Lagunas, Oaxaca, operado por la minera australiana STIBCORP, S.A. De C. V. que realiza exploración en territorio mixteco y que divide a comunidades para despojarlas. Denunciamos la presencia de múltiples proyectos extractivistas que roban y contaminan nuestra agua, aire y tierra. Manifestamos que nuestros territorios no son zonas de sacrificio ni mercancías al servicio del capital.
2. Denunciamos el desplazamiento y la violencia que enfrentan las comunidades y bases de apoyo zapatistas, así como las agresiones que sufren diversos pueblos organizados a causa de la presencia de grupos criminales y de la militarización de los territorios. Frente a esta realidad no podemos permanecer aislados. En el marco de los próximos treinta años del Congreso Nacional Indígena, reiteramos nuestra solidaridad con todas las comunidades que resisten y exigimos justicia para Sergio Rivera Hernández y para todas las personas desaparecidas y asesinadas por defender la vida y el territorio.
3. Exigimos que el Estado mexicano garantice plenamente los derechos a la libre determinación, al territorio, a la consulta y consentimiento previo, libre e informado, a la seguridad y al acceso a la justicia de los pueblos indígenas y comunidades campesinas, conforme a la Constitución, al Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Acuerdo de Escazú y demás instrumentos internacionales aplicables.
4. Reconocemos que nuestra lucha está sostenida por la memoria de quienes entregaron su vida en la defensa de los pueblos y los territorios. Honramos la memoria de Bety Cariño, Samir Flores, Bernardo Vásquez, Tomás Martínez, Juan José Cruz Padilla, Sergio Rivera Hernández y de todas las compañeras y compañeros que sembraron esperanza con su resistencia, por lo que exigimos al gobierno estatal y federal justicia para nuestras compañeras y compañeros. Su ejemplo fortalece nuestra decisión de defender el futuro de nuestras hijas, hijos, nietas, nietos y de los pueblos que habitan esta nación.
5. Defender los bienes comunes es también defender a nuestras infancias, juventudes y el porvenir de nuestros pueblos. Nos reunimos para fortalecer nuestra identidad, nuestras fiestas comunitarias, nuestras economías locales, los sistemas comunitarios de captación de agua y todas aquellas iniciativas que fortalecen la vida colectiva. Frente al agotamiento del modelo extractivo, nuestros pueblos construyen alternativas desde la comunidad, la solidaridad y el cuidado de la naturaleza.
6. La defensa del territorio tiene muchas formas. Requiere organización comunitaria, defensa jurídica, incidencia política, transformación de las leyes, comunicación y movilización social, investigación. Ninguna estrategia, por sí sola, será suficiente para enfrentar el enorme poder económico y político de las corporaciones extractivas; por ello necesitamos fortalecer nuestras alianzas entre pueblos, comunidades, organizaciones, académicos y movimientos sociales, por lo que hacemos un llamado a la unidad.
7. Afirmamos que sin organización y sin movilización social no será posible detener el avance de los proyectos de despojo. No podemos seguir esperando. Es tiempo de actuar con dignidad y organización para impedir que las consecuencias de este modelo recaigan sobre las nuevas generaciones. Nuestro compromiso es con la vida y con el futuro de quienes habitan y habitarán nuestros territorios.
8. Convocamos a todos los pueblos, comunidades, organizaciones y personas solidarias a caminar juntos, fortaleciendo la autonomía, la libre determinación y la defensa de nuestros bienes comunes. La historia de nuestras resistencias demuestra que cuando los pueblos se organizan es posible detener los proyectos de muerte, proteger los territorios y construir alternativas de vida digna.
9. Reconocemos a las comunidades de San José Chichihualtepec, Chazumba, Río Limón, Tinaguistengo, Chazumba, Oaxaca y a Santiago Acatepec, a las comunidades que integran al Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y todos, quienes en el ejercicio de su derecho a la autonomía, territorio y medio ambiente sano, han tomado la determinación de declarar sus territorios como prohibido para la minería. Sus declaratorias son un ejemplo de dignidad para los pueblos Zapotecos, Ñuu Savi, Nahua e Ingiwa.
10. Convocamos a las comunidades, organizaciones y movimientos a sumarse a la movilización: 22 de julio, día de rebeldía contra la minería, el Encuentro Nacional de Resistencias a realizarse el 22 y 23 agosto en Tehuacán puebla.
A los gobiernos estatales y federales, además de sus aliadas, las empresas trasnacionales les decimos:
¡La minería no pasará en nuestros territorios¡
¡Que vivan los pueblos Zapotecos, Ñuu Savi, Nahua e Ingiwa!
¡Que vivan las comunidades originarias que luchan y resisten!
¡Que viva el Congreso Nacional Indígena!
¡Aquí Decimos Sí a la Vida y No a la Minería!
San José Chichihualtepec, Chazumba, Oaxaca. 27 de junio de 2026
Comunidad de San José Chichihualtepec, Comisariado de Bienes Comunales de Cerro de las Huertas, Comisariado de Bienes Ejidales de San Martín de los Cansecos, Santa Catarina Yutandú, Santos Reyes Yucuná, Santo Domingo Tonahuixtla Puebla, Chila de las Flores Puebla, Totoltepec de Guerrero Puebla, Huajuapam de León, Acaquizapan, Chazumba Oaxaca, Santo Domingo Tiangustengo, Rancho Frontera, Río Limón,Santiago Acatepec, Agua Mezquite, Movimiento Agrario Indígena Zapatista-MAIZ, Frente Popular Revolucionario-FPR, Servicios para una Educación Alternativa A.C. EDUCA, Congreso Nacional indígena (CNI), Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos, Unidad Anticapitalista de los Pueblos Organizados-UNAPO, Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala, Foro Permanente en Defensa del Territorio y la Propiedad Social, Unión de Pueblos Chocholtecos y Mixtecos, Frente Amplio de Liberación Popular-FALP DC, Consejo de Comunidades Campesinas y Proletarias-CCCP, Red por la Defensa de la Vida, el Agua, la Tierra y el Territorio, CDH Tepeyac del Istmo de Tehuantepec A.C., Acordamos Vivir Medio Editorial, Grupo Latinoamericano de Estudios, Formación y Acción (Glefas), Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, Ecos de la Sal, Laboratorio Popular de Medios Libres, Ollin Quetza A.C., Laboratorio Popular de Medios Libres LPML, Desplazadas San Juan Copala, Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, Grupo de Trabajo “Fronteras, Regionalización y Globalización” de CLACSO, Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo-UCIZONI, Colectivo Huitzil Urbano, Geo-grafías Comunitarias, Colectivo Indígenas 3D, siempre composta, Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán.