COMUNICADO URGENTE DEL CNI- CIG ANTE ATAQUE AL COLECTIVO UN SALTO DE VIDA.

Al Pueblo de México

A las Redes de Resistencia y Rebeldía

A la Sexta Nacional e Internacional

A los medios de comunicación

La Comisión de Coordinación del Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno, condenamos la cobarde agresión en contra de nuestr@s compañer@s miembros del Colectivo Un Salto de Vida, en El Salto, Jalisco, al sur de la zona metropolitana de Guadalajara, el día 10 de abril a la 1:15 de la mañana, cuando estando estacionada en un domicilio particular de miembros del colectivo, fue incendiada la camioneta en la que realizan habitualmente su trabajo en favor del río Santiago y la lucha de los pueblos circundantes.

Este ataque ocurrió horas después de que fuera clausurado un pozo clandestino, que la empresa Casas Bali viene explotando para el fraccionamiento El Mirador desde hace dos años, con la complicidad del gobierno municipal de El Salto, Jalisco. Sobre dicha obra existen suspensiones judiciales que han sido reiterada e impunemente violadas por las autoridades del mal gobierno, responsables de otorgar fraudulentos permisos para la construcción de viviendas en zonas altamente contaminadas y la extracción ilegal de agua; hechos sobre los que existe una carpeta de investigación en el ministerio público.

Hacemos nuestras las justas demandas del colectivo Un Salto de Vida, por lo que exigimos la cancelación del destructivo proyecto inmobiliario denominado El Mirador y el robo del agua en el acuífero Toluquilla, que se encuentra altamente sobreexplotado. Exigimos el cierre definitivo del basurero Los Laureles y la cancelación del proyecto termoeléctrico llamado La Charrería.

La Comisión de Coordinación del CNI-CIG responsabilizamos de la seguridad de las y los compañer@s del colectivo Un Salto de Vida a los tres niveles del mal gobierno, y nos pronunciamos enérgicamente porque cese el hostigamiento en su contra.

Exigimos el esclarecimiento de esta agresión y llamamos a las organizaciones solidarias de derechos humanos, a los colectivos y colectivas de la sociedad civil a estar atent@s a la palabra de las y los compañeros de Un Salto de Vida, a pronunciaros y actuar ante cualquier agresión y ante la destrucción capitalista en contra de los pueblos que viven, se organizan y luchan en la cuenca del río Lerma-Santiago.

 

Atentamente

Abril de 2021

Por la Reconstitución Integral de Nuestros Pueblos

Nunca Más Un México Sin Nosotros

Comisión de Coordinación del Congreso Nacional Indígena- Concejo Indígena de Gobierno

DENUNCIA: AGRESIÓN EN CONTRA DE INTEGRANTES DE LA AGRUPACIÓN UN SALTO DE VIDA EL SALTO, JALISCO.

DENUNCIAMOS AGRESIÓN EN CONTRA DE INTEGRANTES DE LA AGRUPACIÓN UN SALTO DE VIDA.

El Salto, Jalisco a 10 de abril de 2021

A la Asamblea de Pueblos en Resistencia de la Cuenca Chapala-Santiago

Al Congreso Nacional Indígena

A las organizaciones nacionales e internacionales de la Caravana Toxitour México

A todas las organizaciones, colectivos, aliados, vecinos y amigos de Un Salto de Vida

A los medios de comunicación

A la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco

Como Agrupación Un Salto de Vida, integrada por habitantes de El Salto, Juanacatlán, Puente rande y Tololotlán, en Jalisco, que luchamos por la defensa de la vida y nuestro territorio en lac uenca Chapala-Santiago, queremos denunciar lo que consideramos una agresión hacia nuestro colectivo, particularmente hacia dos integrantes y su familia.

El día de ayer por la madrugada, aproximadamente a la 01:15 horas, en la cochera de su vivienda,o currió un incendio en el vehículo que solemos utilizar como colectivo para traslados a trabajo de campo, reuniones, asambleas, visitas a sitios de interés para generar denuncias, así como para el uso personal de ellos mismos. Después de varias horas de estar estacionado el vehículo y sin ninguna falla aparente, en cuestión de 10 minutos, se consumió totalmente el vehículo. Fueron inútiles los esfuerzos de nuestros compañeros, familia y vecinos que acudieron en auxilio inmediato. El incendio logró sofocarse hasta que personal de Protección Civil y Bomberos de El Salto llegó con equipo especializado. El saldo fue pérdida total, así como daños en un segundo vehículo y en el exterior de la vivienda. Tanto Protección Civil y Bomberos como la Policía Municipal de El Salto levantaron sus reportes pero lo que queremos es que se esclarezca el siniestro por lo que acudiremos a las instancias correspondientes.

Consideramos la posibilidad de una agresión y no simplemente de una falla eléctrica, dada la forma en que ocurrió el incendio y por las acciones que hemos realizado en esta semana, donde han estado presentes nuestros compañeros y el vehículo en cuestión en cada una de ellas:

1) Realizamos un recorrido que organizamos el miércoles 7 del presente mes, durante toda la mañana para medios de comunicación en algunos de los ejidos afectados por el despojo de agua del río Santiago para abastecimiento de la ciudad de Guadalajara: en la Exhacienda de Zapotlanejo, Atotonilquillo y San Miguel Zapotitlán, donde nos percatamos de la presencia de policía estatal que resguarda aún los equipos de bombeo que tienen en regla los ejidatarios.

2) Ese mismo día a las 18:00 horas realizamos una visita en los alrededores de la instalación ilegal de la empresa tequilera Materia Prima Spirit, S.A. de C.V. Pará hacer un registro fotográfico de la fábrica en la colonia La Mesita en Juanacatlán dentro de la zona urbana, de lo cual pudieron percatarse algunos trabajadores.

3) Dentro del proceso del juicio de amparo que hemos interpuesto, acudimos a una inspección judicial el día jueves 8 al fraccionamiento El Mirador, que tardíamente nos notificaron que se canceló, por lo que estuvimos presentes personal del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico de la Comisión Nacional del Agua, un representante legal y personal de seguridad de la empresa Casas Bali y dos de los quejosos integrantes del colectivo. Como hecho más notorio, el día de ayer viernes 9 de abril, alrededor de las 13:00 horas, nos enteramos de que el Organismo de Cuenca, una vez cumplida la prórroga que le otorgó a la mpresa Casas Bali para regularizarse, realizó la clausura del pozo clandestino que opera desde hace dos años con beneplácito del Ayuntamiento de El Salto. La clausura se dio en cumplimiento de la suspensión definitiva que nos fue otorgada.

4) Ayer mismo se realizó una diligencia a Ciudad Judicial para presentar una ampliación del amparo 412/2020 que se ventila en el Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Administrativa, Civil y de Trabajo del Tercer Circuito relativo a la construcción y habitación ilegal del fraccionamiento El Mirador.

Nunca ha sido nuestro interés el obtener visibilidad más que por nuestras acciones en defensa el territorio, sin embargo, queremos anticiparnos a un creciente acoso y agresiones que pudieran darse, pues en otros momentos hemos pasado por alto diversas situaciones que son aparentes “accidentes” o “coincidencias” y que se agravaron hasta que terminaron en exilio más de un año varios integrantes del colectivo. Además, existe registro de otras agresiones contra nosotros en torno a las movilizaciones contra el vertedero Los Laureles, la termoeléctrica La Charrería y después de dar a conocer el estudio de salud poblacional que mantuvo oculto el Gobierno de Jalisco por más de 10 años. Es por ello que hacemos un llamado a todos nuestros aliados, amigos y vecinos para que estén atentos de nuestra integridad y seguridad. Les pedimos que puedan pronunciarse para que las autoridades federales, estatales y municipales no permitan o sean parte de una sola agresión más e intentos de intimidación para que claudiquemos en nuestra lucha.

Atentamente

Agrupación Un Salto de Vida

Denuncia de comunidades del municipio de San Pedro Apóstol, Ocotlán, Oaxaca.

DENUNCIAMOS QUE LA SEMARNAT EJERCE RACISMO INSTITUCIONAL HACIA LAS COMUNIDADES ORIGINARIAS DEL ESTADO DE OAXACA.

San Pedro Apóstol, Ocotlán, Oaxaca. Abril 2021

El proyecto minero “ San José” se ubica en el municipio de San José del Progreso; a tan sólo 42 km al sur de la capital del estado, en el distrito de Ocotlán. Dicho complejo es operado por la Empresa Minera Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines, quien en solo diez años de operación ha extraído una riqueza equivalente a
1,487 » 778,080.00 millones de dólares de la explotación de oro y plata. Tan solo en el año 2020, la Compañía reportó la producción de 6 millones 165 mil 606 onzas de plata y 37 mil 805 onzas de oro; lo que implicó la remoción de tres mil toneladas de tierra al día y un gasto diario de 8 millones 100 mil litros de agua.

Dicha empresa se impuso en territorio oaxaqueño desplegando su sucia capacidad de gestión, haciendo acuerdos con operadores políticos, cooptando sectores de la población, disolviendo la tenencia colectiva de la tierra, asesinando a líderes comunitarios y agudizando los conflictos municipales. El proyecto terminó de imponerse  con el pacto que la empresa hiciera con los gobiernos estatal y federal para desalojar, en el año 2009, a las y los pobladores que durante más de dos meses mantuvieron tomadas las instalaciones de la empresa, mediante un operativo en el que participaron más 1000 efectivos policiales.

A dicho proceso violento de imposición, le han continuado más de 11 años de saqueo y explotación del territorio de los Valles Centrales de Oaxaca; tiempo durante el cual, la empresa ha alterado drásticamente nuestras dinámicas comunitarias y regionales de convivencia, desgastando el tejido social y fomentando la confrontación entre miembro de nuestros pueblos. No obstante los daños a nivel sociocultural, Minera Cuzcatlán también ha causado graves afectaciones al medioambiente, al amparo de grupos de poder e instancias del propio Estado Mexicano.
La tierra bajo nuestros pies cimbra constantemente; una capa de polvo blanquecino se suspende en la atmósfera todas las mañanas, se adhiere a las hojas de las plantas y se aprecia en los techos y ventanas; peces muertos han sido encontrados en nuestros cuerpos de agua y la fauna local ya no es tan rica y diversa como antes. El caso de mayor preocupación es el derrame de 1’516,000 litros de desechos tóxicos de la prensa de jales secos al cauce del Río Coyote, ocurrido el 8 de octubre del año 2018.
Autoridades de pueblos vecinos reportaron un cambio de coloración en el agua después de este suceso; hemos tenido noticias de epidemias de hepatitis y la población reporta mayores casos de enfermedades de vías respiratorias.

Dada la estrecha relación que guardamos los pueblos originarios con el medio físico que habitamos, la alteración de la geografía local repercute directamente en nuestra cultura y pone en peligro nuestra existencia como pueblo zapoteco. Sin embargo, el nivel de impacto ha sido tal, que la afectación pone en riesgo, no solo la continuidad de nuestros modos de vida, sino la existencia de la vida misma en nuestros territorios.

A pesar de las denuncias presentadas por diversas comunidades, colectivos y autoridades de diversos niveles, el Estado Mexicano continúa sordo ante nuestras peticiones y aún declara a la minería actividad esencial para la economía de nuestro país. Mientras tanto, la empresa continúa sus trabajos y, más aún, pretende ampliar su proyecto, en un contexto de crisis sanitaria, económica y social.

Luego de que el 28 de junio de 2019 el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, recibiera de manos de pobladores una carta en la que solicitaban su  intervención, éste se comprometió a enviar a la brevedad una comisión para atender el caso. A pesar de que en septiembre de 2020, el mandatario sostuvo en conferencia de prensa que el caso había sido atendido, no fue sino hasta mediados de diciembre del mismo año que una comisión de la SEMARNAT acudió a Oaxaca, en una gira que
involucró la visita de distintas comunidades del estado.

Gracias a la presión ejercida por las comunidades, el día 16 de diciembre de 2020,
personal de la SEMARNAT se reunieron, en el auditorio municipal de la comunidad de San Pedro Apóstol Ocotlán, con autoridades municipales y agrarias de las comunidades: San Matías Chilazoa, Ejutla. San Felipe Apóstol, Ocotlán, Texas de Morelos, Ocotlán, Autoridades del municipio de San Pedro Apóstol, Ocotlán, además del comisariado ejidal de Magdalena Ocotlán. En dicha reunión, la Secretaría hizo una
serie de compromisos, los cuales, después de casi tres meses, no ha cumplido. Dichos compromisos incluyen:

1. Entrega inmediata de toda la información concerniente al derrame de la empresa, suscitado el 8 de octubre de 2018 en el Río Coyote.
2. Realización de estudios de agua, suelo, aire y sedimentos, en coordinación con las comunidades potencialmente afectadas por la actividad minera.
3. Mantener activo el canal de comunicación con los representantes de las comunidades involucradas.
4. Entregar copia de la solicitud de consulta pública de la Manifestación de Impacto
Ambiental del Proyecto » San José II».

Denunciamos que la SEMARNAT ejerce racismo  institucional hacia las comunidades originarias del estado de Oaxaca, toda vez que decide ignorar deliberadamente nuestras demandas y se niega a dar cumplimiento a los acuerdos. Exhibimos también el trato racista y diferenciado por parte del Estado Mexicano pues, mientras nuestros mantos freáticos corren el riesgo de estar altamente contaminados, la Secretaría de Economía, presidido por Tatiana Clouthier, anuncia una mesa de diálogo directo con representantes de la industria minera. Así, el Estado Mexicano perpetúa las lógicas y prácticas coloniales, pues vela por los intereses de la burguesía mexicana y extranjera, mientras condena al hambre y la enfermedad a miles de indígenas, intensificando el extractivismo y el saqueo de nuestros territorios. Denunciamos también la perversa complicidad que Compañía Minera Cuzcatlán guarda con el gobierno de Oaxaca; pues, mientras contamina nuestro territorio y vulnera nuestros derechos elementales, el titular del Ejecutivo, Alejandro Murat Hinojosa, sostiene reuniones con los directivos de la empresa y hace de ésta patrocinador oficial de la Feria del Mezcal y la Guelaguetza, eventos que solo benefician a hoteleros y restauranteros de la colonial Oaxaca de Juárez. Con estas acciones el Ejecutivo oaxaqueño lava el rostro de la transnacional.

DEMANDAMOS

A la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales: cumpla inmediatamente con los compromisos adquiridos con las comunidades en la reunión del 16 de diciembre de 2020. Atienda en dialogo directo los mensajes y llamadas telefónicas de nuestros representantes que son nuestras autoridades comunitarias. Niegue la aprobación de la Manifestación de ñ Impacto Ambiental del Proyecto San José II, toda vez que representa un riesgo para nuestra vida.

A la Secretaría de Economía: cancele las concesiones mineras adjudicadas a la Empresa Minera Cuzcatlán.

¡ALTO AL SAQUEO DE NUESTROS RECURSOS NATURALES DE NUESTROS TERRITORIOS!

¡ ALTO AL EXTRACTIVISMO DE Corte COLONIAL QUE LLEVA MÁS DE 500 AÑOS AZOTANDO A LAS COMUNIDADES ORIGINARIAS!

¡ ALTO AL RACISMO INSTITUCIONAL DEL ESTADO MEXICANO!

LA TIERRA Y EL TERRITORIO NO SE VENDEN, SE CUIDAN Y SE DEFIENDEN.

BOLETIN DE PRENSA. Familia de Maricela Escorza Salinas y Comunidad Otomí residente en CDMX. 30 de marzo de 2021.

BOLETIN DE PRENSA

REPUDIAMOS LA VICTIMIZACIÓN DE LA VÍCTIMA

DENUNCIAMOS LA DISCRIMINACIÓN Y DESPRECIO CON LA QUE FUERON ATENDIDAS POR LAS AUTORIDADES

NUESTRA COMPAÑERITA MARICELA, EN SU DESAPARICIÓN NO LE FUERON APLICADOS LOS “PROTOCOLOS DE BÚSQUEDA¨ COMO INFORMA LA FGJCDMX

CONDENAMOS LAS FILTRACIONES QUER HACE LA FGJ CDMX

EXIGIMOS VERDAD Y JUSTICIA PARA MARICELA ESCORZA SALINAS

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES QUE NOS ACOMPAÑAN
AL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA, CNI-CIG
PRESENTE.

Por este medio frente a la victimización de la víctima, hacemos de su conocimiento
lo sdiguiente:

Durante la noche del 21 de marzo de 2021, Maricela Escorza Salinas integrante de la Comunidad Indígena Otomí residente en la Ciudad de México, no regresó al campamento que mantiene instalado la comunidad en la calle de Roma 18, Colonia Juárez, CDMX, por lo que su familia acudió a la Agencia del Ministerio Público identificada como CUH-2 a denunciar su desaparición.
Dentro del esquema de “búsqueda” de escritorio que generalmente utilizan las autoridades frente a la desaparición de una persona, el día 26 de marzo de 2021, el MP investigador requirió la implementación de la correspondiente Alerta Amber, dado la minoría de edad de Maricela, siendo el caso que los encargados de dicha Alerta, pusieron en conocimiento del Ministerio Público -y este a su vez de la familia que en el Instituto de Ciencias Forenses del Poder Judicial de la Ciudad de México se encontraba un cadáver con las características de la víctima, por lo que sugerían la identificación del mismo.

Es el caso que al acudir la familia al INCIFO con el fin de identificar los restos que ahí se encontraban, el personal de dicha instancia, solo les permitió verlos a través de una vitrina, lo que impidió un reconocimiento optimo sobre si efectivamente se trataba de Maricela. Cabe hacer mención que en el momento de dicha diligencia, el personal de dicho Instituto fue insistente en que la familia diera la identificación como positiva, a lo que la familia requirió que se practicaran pruebas científicas, ante lo que hubo una pertinaz negativa por parte del referido personal. Posteriormente la familia requirió que les pusiera a la vista la ropa de la persona que yacía en dicho lugar y que presuntamente se trataba de Maricela, sin embargo se les informó que esos objetos se encontraban en el hospital, y que lamentablemente “los Drs. Siempre tiran la ropa”, “incluso les pidieron no se ofendieran, ya que siempre hacen eso”, finalmente y a manera de burla les informaron que, esos objetos se encontraban en la en la Agencia del Ministerio Público que llevaba la investigación por homicidio, misma que se identifica como CUH-6.

Al acudir la familia a la señalada Agencia del Ministerio Publico (CUH-6), personal de la misma confirmó que en dicha instancia se llevaba la Carpeta de Investigación relativa a un homicidio cometido en tránsito de vehículos, por atropellamiento (hoy sabemos que dicha Carpeta se identifica con el número CI-FICUH/CUH-6/UI1S/D/294/03-2021), en agravio de una persona del sexo femenino y sobre hechos ocurridos en la esquina de Bucareli y Paseo de la Reforma. Resulta que la familia al requerir al personal de dicha Agencia del MP sobre la ropa de la persona atropellada, recibió como respuesta que esta no se encontraba en dicho lugar, sino que se “había quedado en el hospital” donde presuntamente se le atendió y que fue en el Hospital General de Iztapalapa del Gobierno de la CDMX.

Ahora bien, ante la desesperación de la familia y también ante la firme sospecha de que las autoridades encargadas de la investigación sobre la desaparición de Maricela, dejaran de llevarla a cabo a consecuencia del hallazgo de los restos ya referidos, organizaciones, colectivos y personas solidarias con la Comunidad Indígena Otomí residente en la Ciudad de México, llevaron a cabo desde la noche del 26 de marzo de 2021, una difusión en redes sociales para su búsqueda y localización. También organizaciones de Derechos Humanos, realizaron gestiones ante las autoridades de la FGJCDMX, con el fin de que se le brindara a la familia mayores elementos de identificación de los restos y en tanto ello ocurría, se mantuvieran las investigaciones relativas a su desaparición.

De lo anterior el día domingo 28 de marzo de 2021, la familia pudo tener acceso a los videos del C5 a partir de lo cual vieron los hechos ocurridos en Bucareli y Paseo de la Reforma, en los cuales lograron apreciar el atropellamiento de una persona y de manera indiciaria la madre de Maricela, logró identificarla. Además de lo anterior y a consecuencia de las mismas gestiones referidas en el párrafo anterior, nuevamente tuvieron acceso a los restos en el INCIFO, sin embargo otra vez la familia no pudo identificarlos como los correspondientes a Maricela, ello debido al estado en que se encuentran. Ante esto, la familia solicitó la práctica de pruebas científicas de confronta (perfil genético), para lograr la identificación plena, siendo que les fueron tomadas muestras, al mismo tiempo que con sorna se les indico por parte de las autoridades que los resultados podrían tardar hasta un año en entregarlos. Argumentaron las autoridades, que obtener los resultados rápidamente, sería una cuestión de suerte”

En este punto cabe hacer la aclaración de que la familia no solicitó la entrega de los restos, hasta en tanto se lograra la plena identificación, en consecuencia tenemos conocimiento que no se ha llevado, ni iniciado ninguna diligencia al respecto, pues, reiteramos, se dejó claro que se estaría a la espera de los resultados de las pruebas científicas de confronta.

Resulta que el día de ayer 29 de marzo de 2021, corrieron varias notas en medios de comunicación relativas al caso de nuestra compañera Maricela Escorza Salinas, en las cuales coinciden tres elementos que nos generaron muchas sospechas y que consideramos graves, los cuales son:

a) Refieren las notas, que la información en que se sustentan, provienen de “fuentes de la Fiscalía”, refiriéndose a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

b) Se señala en dichas notas que Maricela fue localizada sin vida y con “graves signos de violencia” y que debido a ello se habían instaurado los protocolos de investigación para el delito de Feminicidio.

c) También se indica que el día 29 de marzo de 2021, fueron entregados los restos a sus familiares.

d) Comparan los hechos en los que Maricela perdió la vida, con los ocurridos con comunidades indígenas que habitan en la Ciudad de México, particularmente en lo ocurrido en noviembre pasado, en los que fueron localizados sin vida y destazados los menores de origen mazahua Alan Yair (12) y Héctor Efraín (14), en calles del Centro Histórico.

e) Toda esta información se filtró a Excélsior, Universal, Reporte Índigo y Revista Proceso del día de ayer.

Ante estas versiones que han circulado en medios de comunicación, consideramos pertinente tomar las calles y acudir a esta Fiscalía, para obtener respuestas directas de la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, no sin antes CONDENAR ENÉRGICAMENTE el esquema de filtraciones que sistemáticamente se presenta en casos de alto impacto proveniente de esta Fiscalía, pues ello afecta los casos y las investigaciones, a la vez de que revictimiza a las víctimas y sus familias y además genera dudas y suspicacias en la opinión pública, sobre todo si consideramos que en este caso en particular afecta a la Comunidad Indígena Otomí residente en la Ciudad de México, que constantemente es presa del desprecio y la discriminación por parte de las autoridades tanto federales, como del Gobierno de la Ciudad de México.

Por ello, hoy venimos a preguntarle a Ernestina Godoy lo siguiente:

1.- ¿Cuál es realmente la investigación que la Fiscalía está siguiendo para el caso de Maricela Escorza Salinas?

2.- ¿Cuál es el resultado de la pruebas científicas de confronta (perfil genético) para lograr una identificación plena de los restos que se encuentran en el INCIFO?

3.- ¿Por qué “fuentes” de la Fiscalía aluden a la investigación con protocolos para feminicidio en el caso de Maricela Escorza Salinas?

4.- ¿Hay algún responsable detenido relacionado al atropellamiento ocurrido en la noche del 21 de marzo de 2021 en la esquina de Paseo de la Reforma y Bucareli?

5. ¿A nombre de quien responde la propiedad del Vehículo?, ¿pueden informarnos algo al respecto?

6.- ¿Se mantiene abierta la investigación de búsqueda y localización de Maricela y que líneas se siguen al respecto?

Para la Comunidad Indígena Otomí es crucial obtener respuestas, sobre todo porque tenemos conocimiento que de los hechos relativos al atropellamiento ya referido, existe un vehículo bajo resguardo de la Fiscalía y que es precisamente un auto de la marca Chevrolet, Tipo Aveo, Color Blanco, con número de placas P71BEP (Ciudad de México) y que el esquema de filtraciones respecto al feminicidio, así como las posibles omisiones en la búsqueda y localización de Maricela, correspondan a un probable encubrimiento para quien conducía ese vehículo o a actos tendientes a desviar la atención sobre un acto grave de violencia de género.

Ciudad de México 30 de marzo de 2021.

Atentamente.
DESDE LA TOMA DEL INPI
FAMILIARES DE MARICELA ESCORZA SALINAS
COMUNIDAD INDÍGENA OTOMÍ RESIDENTE EN LA CDMX, INTEGRANTE DEL
CONGRESO NACIONAL INDÍGENA Y DEL CONCEJO INDÍGENA DE
GOBIERNO

 

SIN REPRESENTACIÓN, ANTIDEMOCRATICO E ILEGITIMO EL GOBERNADOR ESTATAL INDÍGENA DE MICHOACÁN.

A LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES ORIGINARIAS

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
AL PUEBLO DE MICHOACÁN
AL PUEBLO DE MÉXICO

Comunidades p´urhépecha, a 26 de marzo del 2021.

K´eri Kunkorhekua Iretecheri, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán #CSIM, consejo autónomo e independiente, constituido por autoridades civiles, comunales y tradicionales de 60 comunidades originarias, representado en el presente manifiesto por la Comisión de Enlace, declaramos conjuntamente lo siguiente:

En el marco del 1er Foro Migrante Indígena Nacional realizado en Pátzcuaro el 21 de marzo del año en curso, fuera de la convocatoria, sin estar en el orden del día y sin presencia de las comunidades indígenas, fue nombrado ilegítimamente, antidemocráticamente y arbitrariamente Salvador Querea Jiménez como “Gobernador Estatal Indígena de Michoacán”, ostentación entregada por Candelaria Lázaro Lázaro, “Gobernadora Nacional de Pueblos Indígenas”.

La Gubernatura Nacional Indígena (GNI) anteriormente liderada por Hipólito Arriaga Pote, históricamente es un organismo creado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y en particular por el llamado “Grupo Atlacomulco”, como una táctica electoral para restarle influencia al Congreso Nacional Indígena (CNI) y al Concejo Indígena de Gobierno (CIG), posteriormente cambió su nombre a Gobierno Nacional Indígena de México (GNIM) bajo la dirección de Candelaria Lázaro Lázaro (GNIM), sin embargo continúan las viejas tácticas priistas de querer suplantar a pueblos y comunidades originarias.

En este sentido, declaramos categóricamente que desconocemos el autonombrado Gobierno Nacional Indígena de México de Candelaria Lázaro Lázaro y al Gobernador Estatal Indígena de Michoacán Salvador Querea Jiménez, toda vez que surgieron de un proceso antidemocrático donde no consultaron a ninguna Asamblea General de las comunidades originarias, siendo impuestos por dedazo, así mismo denunciamos que no representan de ninguna manera a las comunidades indígenas y nos deslindamos totalmente de ellos, por lo que su posible interlocución con el Estado mexicano carece totalmente de sustento.

Finalmente, revelamos que en Michoacán la figura de Gobernador Estatal Indígena de Michoacán esta siendo utilizada por algunos candidatos del Partido Verde Ecologista de México, lo que demuestra su ilegitimidad y oportunismo político.

Consejo Supremo Indígena de Michoacán

#CSIM

EL CNI- CIG DESCONOCE Y DESAUTORIZA LA IMAGEN DE MARICHUY EN PROPAGANDAS POLÍTICAS DEL MAL GOBIERNO.

A los medios de comunicación

Al pueblo de México

Ante el uso de la imagen de nuestra vocera María de Jesús Patricio Martínez- Marichuy, por parte Layda Sansores quien trabaja para el partido MORENA, en una publicación en redes sociales en la que presuntamente condena la discriminación racial, el Congreso Nacional Indígena- Concejo Indígena de Gobierno, desconocemos y desautorizamos el uso de la imagen de nuestra vocera en cualquier propaganda política de los malos gobiernos.

Los pueblos indígenas vivimos el desprecio de quienes quieren nuestras tierras, de quienes nos explotan y esclavizan, de quienes quieren el agua y los minerales que están en las montañas que resguardamos, de quienes destruyen la naturaleza en los territorios de los pueblos originarios para luego usarla envenenando a nuestra madre tierra.

En complicidad con ellos, quienes nos desprecian por lo que somos como pueblos, están todos los políticos, sea cual sea el color con el que negocian arriba. O sea, incluido el partido MORENA para el que trabaja Layda Sansores.

Mientras persista la destrucción que el capitalismo está haciendo en el mundo, el desprecio hacia nosotros los pueblos originarios, seguirá siendo incentivado, promovido y fortalecido por el poder en turno. Donde solo les servimos para adornar sus discursos y ahora sus publicaciones en redes sociales. Para ellos, somos y seremos los nadie, las nadie.

Somos l@s nadie para opinar sobre el Proyecto Integral Morelos, pues aunque protegemos y poseemos el territorio nahua de Morelos, Puebla y Tlaxcala, el mal gobierno se propone imponer dicho proyecto con la fuerza militar y narco para militar.

Somos l@s nadie para opinar y decidir sobre nuestro futuro como pueblos mayas, porque los que si importan, los dueños del dinero, ya decidieron qué van a hacer con todo el sur- sureste del país. Ya decidieron sus planes sin nosotr@s y a su punta de lanza le llamaron Tren Maya.

Somos l@s nadie para oponernos a la industrialización paramilitar transnacional, a la que llaman corredor interocéanico, en el Istmo de Tehuantepec.

Somos l@s nadie para que sea protegida nuestra propiedad colectiva, porque los que ostentan la propiedad privada y la riqueza decidieron que quieren nuestros territorios a toda costa.

Entonces, no solo es descarado e hipócrita el uso de la imagen de nuestra compañera vocera del CNI-CIG en la propaganda de Layda Sansores, sino que es radicalmente inadecuado porque ni ella, ni su partido, ni el gobierno en turno, promueven la no discriminación, más bien la fomentan porque además, se puede medir en dinero para el patrón, que es el gran capital.

Atentamente
Por la Reconstitución Integral de Nuestros Pueblos
Nunca Más un México sin Nosotros
Comisión de Coordinación del Congreso Nacional Indígena
Concejo Indígena de Gobierno

Comunicado de MAIZ a 2 años de la desaparición de Sergio Rivera Hernández.

A los medios de comunicación

A la opinión pública nacional e intencional

A las organizaciones de derechos humanos, sociales y en resistencia.

A los Pueblos Indígenas de México y el Mundo.

Durante más de dos años de la desaparición de Sergio Rivera Hernández, nosotr@s compañeros y familiares de Sergio, seguimos manifestarnos hoy en la puerta de la comison estatal de búsqueda de personas desaparecidas, señalando la incapacidad que tiene esta comisión para dar respuesta a los familiares y víctimas que sigues en la búsqueda incansable hasta encontrar a sus seres queridos.

Por lo que demandando la presentación con vida de Sergio Rivera Hernández, exigimos repuesta inmediata, así como la ubicación, localización y presentación con vida de nuestro compañeros quien fue desaparecido por defender el río y el territorio en la sierra negra y a quien el Juez corrupto Mario Ortiz Aldama permitiera que este caso quedara en la impunidad, dejando en libertad a lo responsables de la desaparición de nuestros hermano y compañero indígena náhuatl.

Por lo que pedimos a la nueva titular Ana Lucía Hill de la sectaria general de gobierno de estado de puebla, se establezca una mesa con las instancias necesarias, así como, la intervención de la comisión para el diálogo con los pueblos indígenas.

Justicia para Sergio Rivera Hernández!

Hasta encontrarlo

Movimiento Agrario Indígena Zapatista, comunidades en resistencia contra el proyecto hidroeléctrico Coyolapa-Atzalan.

Denuncia de la comunidad de San Lorenzo de Azqueltán, Villa Guerrero, Jalisco.

A los pueblos de México y el mundo
Al Congreso Nacional Indígena
A la sexta nacional e internacional
A la Misión Civil de Observación de Derechos Humanos

El día de hoy, lunes 15 de marzo de 2021, nuestra comunidad de San Lorenzo de Azqueltán, municipio de Villa Guerrero, Jalisco en cumplimiento del acuerdo de asamblea del 14 de marzo de 2021, nos concentramos en el predio conocido como El Grullal, el cual se encuentra en terrenos comunales para retirar el cerco puesto por personas ajenas a nuestra comunidad, las cuales estaban bajo las órdenes de un individuo de nombre Arnulfo Vázquez Márquez en una superficie aproximada de 700 hectáreas.

En el lugar fueron asegurados postes de mezquite y de metal, que quedaron bajo resguardo de la asamblea general y estarán a disposición de sus propietarios, los cuales deberán reclamarlos por las vías legales y pacíficas pertinentes.

Señalamos que las personas invasoras ya habían sido notificadas en dos ocasiones que debían detener de inmediato la obra que realizaban, pues era determinación de la asamblea general. La primera vez fueron apercibidos el día 8 de febrero y la segunda el 16 del mismo mes; en ambas la persona que estaba responsable de los trabajos ilegales dijo que no lo haría hasta que “su patrón” se lo indique.

Es por ello, que ante la constante y descarada impunidad con la que las autoridades de todos los niveles y poderes del gobierno han motivado, protegido e incentivado estos actos ilegales y que ha derivado en el creciente despojo, intentos de privatización, acoso y represión cuando hemos defendido lo que es nuestro; decidimos detener este nuevo robo del patrimonio colectivo, que hemos heredado desde hace miles de años y que se ampara en nuestro título virreinal del año 1733, así como en el procedimiento legal de Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales, que se lleva en el Tribunal Unitario Agrario del distrito 16, con sede en Guadalajara, Jalisco.

Exigimos que cese el robo de terrenos comunales, pues nuestra madre tierra no está en venta ni permitiremos más despojos ni hostigamiento a nuestras autoridades agrarias autónomas o al gobierno tradicional de Azqueltán, pues la razón de la lucha de nuestros abuelos y la esperanza de seguir existiendo como comunidad indígena tepehuana y wixárika, no son negociables.

Nos dirigimos a la sociedad civil solidaria y de buen corazón y a las organizaciones de derechos humanos para que, con su palabra digna y su atención sigan acompañándonos, sigan actuando desde lo que somos y podemos para evitar el exterminio del pueblo tepecano – tepehuano de Azqueltán mediante el despojo agrario que pretenden los poderosos.

Les hacemos un llamado para permanecer atentas y atentos a las acciones que quienes ambicionan nuestra tierra a costa de todo, emprendan en contra de nuestra comunidad, así como a pronunciarnos por

1. Alto al despojo de terrenos comunales de Azqueltán.
2. La no criminalización ni represión a las autoridades comunitarias de San Lorenzo de Azqueltán, municipio de Villa Guerrero, Jalisco.
3. Castigo a los responsables de los ataques que han sufrido nuestras autoridades por defender la tierra.

Atentamente
Nunca más un México sin nosotros

a 15 de marzo de 2021
Comunidad indígena autónoma tepehuana y wixárika de San Lorenzo de Azqueltán, municipio de Villa Guerrero, Jalisco

ALTO A LA VIOLENCIA PARAMILITAR EN SAN ANTONIO BULUJIB, CHILON, CHIAPAS

 

AL PUEBLO DE MEXICO
A LAS REDES DE RESISTENCIA Y REBELDIA
A LA SEXTA NACIONAL E INTERNACIONAL
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS.
A LAS ORGANIZACIONES EN DEFENSA DEL TERRITORIO Y DE LA MADRE TIERRA.

 

Alertamos de la inminente reactivación de la violencia en San Antonio Bulujib, contra las compañeras y compañeros del CNI amenazadas de despojo y desplazamiento forzado ante la incapacidad gubernamental de retomar y reanudar el proceso de diálogo iniciado en marzo del año pasado.

 

La situación de violencia y hostigamiento que sufren nuestras compañeras y compañeros del CNI de la comunidad San Antonio Bulujib, Chilon, ha sido de carácter permanente y continuada: desde el 23 de febrero de 2020 han venido sufriendo una serie de violaciones a sus derechos humanos por haber colocado un letrero en el marco de la JORNADA SAMIR SOMOS TODAS Y TODOS, haciendo uso de su derecho a la libre expresión y manifestación, exigiendo justicia por el asesinato de nuestro compañero Samir Flores. Estas acciones represivas forman parte de una estrategia contrainsurgente desplegada en la región contra el CNI y el EZLN, por nuestra oposición a los megaproyectos de muerte de los grandes capitalistas.

 

Denunciamos la violación sistemática de derechos humanos de las autoridades de la comunidad, que además del uso desproporcionado de la fuerza, lesiones, secuestro, encarcelamiento de hombres, mujeres y niños, acoso e intento de violación, amenazan con desalojar y quitar sus tierras a las familias integrantes del CNI si no pagan una multa que de manera arbitraria decidieron, amparados en un documento que fue firmado bajo presión, después de haber golpeado y encarcelado a uno de nuestros compañeros, por lo que lo consideramos ilegal e invalido, fuera del proceso de dialogo iniciado en el mes de marzo del año pasado.

 

Responsabilizamos a los tres niveles de gobierno de la integridad física, psicológica y material de nuestras compañeras y compañeros del CNI, principalmente señalamos al presidente municipal de Chilon Carlos Ildefonso Jimenez Trujillo por su instigación y protección a las autoridades ejidales, al titular del ejecutivo estatal Rutilio Escandón y al titular del ejecutivo federal Andrés Manuel López Obrador, por su omisión en este caso.

Nos pronunciamos por la reanudación del diálogo comunitario, en la búsqueda de una solución pacifica y la no violencia para nuestros pueblos.

Llamamos a la solidaridad y el apoyo hacia nuestras compañeras y compañeros del CNI de San Antonio Bulujib, y a estar atentos de su situación ante la inminente agresión que pueden sufrir a partir de la determinación que se tome en la asamblea ejidal del próximo 20 de marzo.

Atentamente

Por la Reconstitución Integral de Nuestros Pueblos

Nunca más un México sin Nosotros

Congreso Nacional Indígena

Concejo Indígena de Gobierno

15 de marzo de 2021