AL EJERCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL
AL CONGRESO NACIONAL INDIGENA
AL CONSEJO INDIGENA DE GOBIERNO
A LAS REDES DE RESISTENCIA Y REBELDIA
A LA SEXTA NACIONAL E INTERNACIONAL
A LA EUROPA INSUMISA
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN LIBRES E INDEPENDIENTES
A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS NACIONALES E INTERNACIONALES
AL PUEBLO DE GUERRERO, DE MÉXICO Y DEL MUNDO
03 de julio de 2026
Desde la Montaña Baja de Guerrero, denunciamos que el día 26 de junio de 2026, el hermano y promotor del Concejo Indígena Y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) e integrante de la Comisión de Coordinación y Seguimiento del Congreso Nacional Indígena fue notificado de la suspensión de todas sus cuentas bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Este hecho ocurre apenas seis semanas después de la incursión narco-paramilitar del grupo criminal Los Ardillos contra nuestras comunidades del CIPOG-EZ. Este ataque provocó el desplazamiento forzado de 2,200 personas, el asesinato de ocho de nuestros compañeros y el abandono total de la comunidad de Tula, con docenas de casas quemadas, a la que hasta la fecha no han podido regresar.
Durante y después de este ataque, nuestro promotor, Jesús Plácido Galindo, denunció incansablemente, a través de los medios de comunicación nacionales e internacionales, la complicidad de los tres niveles de gobierno en este ataque, exponiendo el abandono y la grave situación de violencia que viven nuestros pueblos indígenas de la Montaña Baja de Guerrero. Solo gracias al impacto nacional e internacional de estas denuncias fue posible visibilizar la crisis humanitaria que vivimos, contribuir a frenar los ataques y desplazamientos, y lograr una respuesta por parte del Estado, que pretendía permitir que los Ardillos acabaran con nuestros pueblos y organización.
La notificación emitida por la UIF también informa que el compañero, Jesús Plácido Galindo, ha sido incluido en la Lista de Personas Bloqueadas. Consideramos que estos hechos constituyen un acto de criminalización y persecución contra nuestro promotor, y significa que el gobierno ha iniciado un proceso para fabricarle delitos. Su único “delito” ha sido defender la vida, la dignidad y el derecho de nuestros pueblos a existir con justicia en nuestro propio territorio.
Denunciamos que la adopción de estas medidas, inmediatamente después de sus denuncias públicas, tiene como propósito desacreditar al compañero como defensor y obstaculizar su labor de acompañamiento a nuestros pueblos y comunidades. Buscan silenciarlo por desenmascar el discurso oficial de la 4T que pretende hacer creer que en Guerrero todo está bien, cuando la realidad que vivimos en nuestros pueblos es un infierno donde la muerte, las desapariciones y el terror a tocado cada puerta y dónde los políticos comen con los narco-paramilitares y hasta son familia de ellos.
Los recursos que llegaban a la cuenta del promotor fueron contribuciones solidarias de compañeros y compañeras que han hecho posible seguir caminando junto a nuestros pueblos y comunidades de la Montaña Baja frente a la grave situación de emergencia que vivimos.
Nuestro promotor, Jesús Plácido Galindo, es beneficiario del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, debido al riesgo que enfrenta como resultado de las amenazas y atentados que ha sufrido por su lucha en defensa de nuestros pueblos y territorios. A la fecha, 84 compañeros y compañeras de nuestras comunidades del CIPOG-EZ han sido asesinados y 25 permanecen desaparecidos. Este intento de criminalizar al compañero incrementa sus condiciones de riesgo frente a posibles agresiones, poniendo en grave peligro su vida.
Por ello, denunciamos públicamente estos hechos y exigimos que cesen todos los actos represivos y actos de criminalización contra el promotor de nuestra organización, Jesús Plácido Galindo, y que el Estado mexicano garantice plenamente su seguridad, así como el ejercicio libre de su labor de defensa del territorio y de los derechos colectivos de nuestros pueblos y el desbloqueo de todas sus cuentas.
Responsabilizamos directamente a la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, a la Gobernadora del Estado de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, por cualquier intento en contra de la vida e integridad física del compañero Jesús Plácido Galindo. Si nos tocan a uno, respondemos todos.
¡ALTO A LA GUERRA EN CONTRA DE NUESTRAS COMUNIDADES INDÍGENAS
DEL CIPOG-EZ!
¡ALTO A LA CRIMINALIZACIÓN DEL COMPAÑERO JESÚS PLÁCIDO GALINDO!
¡NUESTRA LUCHA ES POR LA VIDA!
Atentamente:
Autoridades y Comunidades del CIPOG-EZ de la Montaña Baja de Guerrero
