A los pueblos y gobiernos de México
A la sociedad civil consciente y solidaria
A las organizaciones de derechos humanos
A los medios de comunicación
Denunciamos el clima de máxima tensión que enfrenta nuestra comunidad.
Una persona que se ha dedicado a lucrar mediante la renta y venta de terrenos comunales, de nombre Fabián Reyes Márquez, llegó acompañado de otras personas al predio comunal denominado La Peña Blanca, el cual históricamente ha pertenecido a nuestra comunidad y donde se encontraban trabajando comuneros wixaritari y tepehuanos de Azqueltán.
Durante estos hechos, quienes acompañaban a Fabián Reyes Márquez manifestaron actuar por «indicaciones» del Gobierno del Estado, particularmente de la Dirección de Asuntos Agrarios. En ese contexto, amenazaron a los comuneros diciéndoles que serían llevados a la cárcel «porque ya el Gobierno del Estado había dicho», y que llamarían a la policía «para que los levantaran». Sus amenazas se materializaron el día de ayer, 25 de junio, cuando llegaron las mismas personas a robar postes y alambres de los comuneros, para consolidar el crimen.
Ante estos hechos, y dado que Fabián Reyes Márquez amenazó de manera directa al comunero Flavio Quiñones Aguilar y a quienes trabajaban en el predio, lo hacemos responsable de cualquier acto que atente contra la integridad, la libertad o la vida de las y los comuneros que se encuentren en posesión legítima y legal del predio La Peña Blanca.
Asimismo, responsabilizamos al Gobierno del Estado de Jalisco por la falta de acciones eficaces para prevenir y detener la violencia que enfrenta nuestra comunidad y, por el contrario, promover la confrontación; situación que podría derivar en nuevos hechos de agresión, como los que han ocurrido de manera sistemática debido a la inacción y la impunidad institucional.
No podemos olvidar el asesinato de Marcos Aguilar Rojas, cometido por integrantes del mismo grupo que hoy pretende despojar a nuestra comunidad del predio La Peña Blanca y que, de manera pública y descarada, incluso en presencia de policías y funcionarios públicos, amenaza con asesinar a los comuneros. Estos hechos fueron constatados por la Misión Civil de Observación realizada por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes» (Red TDT) durante el mes de mayo del presente año.
El día de hoy 26 de junio de 2026, nuestra comunidad retomó el resguardo del predio invadido, donde continuaremos trabajando por acuerdo de nuestra Asamblea General. Por ello, hacemos un llamado a los pueblos originarios, a la sociedad civil consciente y solidaria, a los medios de comunicación y a las organizaciones de derechos humanos que nos han acompañado para que permanezcan atentos y, en la medida de sus posibilidades, alcen la voz a fin de evitar un nuevo derramamiento de sangre o el despojo de nuestro territorio.
La provocación y la violencia contra nuestra comunidad han escalado aún más. Desde principios del mes de junio, un policía municipal de nombre Efraín Reyes, presuntamente siguiendo órdenes de ejidatarios, colocó una puerta sobre un camino público por el que toda la comunidad accede al pozo de agua conocido como El Tacuache, única fuente de agua para consumo humano de nuestra comunidad.
Con esta acción se vulneran el derecho humano al agua y el derecho al libre tránsito, al impedir el acceso a un bien común ubicado en tierras comunales y accesible únicamente a través de ese camino público.
Se trata de un acto de violencia que no permitiremos, pues constituye un atentado contra la vida comunitaria. Hacemos responsable al Gobierno Municipal de Villa Guerrero, toda vez que es un servidor público de esa institución quien está ejecutando estas acciones, así como de cualquier acto de provocación o agresión que pudiera derivarse de esta situación.
Exigimos, por lo tanto:
- Que cese toda incitación al despojo y a la violencia, y que el Gobierno del Estado de Jalisco adopte de manera inmediata las acciones necesarias para detener la escalada de violencia antes de que las consecuencias sean irreversibles.
- El retiro inmediato de la puerta colocada para impedir el acceso al pozo de agua El Tacuache.
- Que se garantice la seguridad de las y los comuneros mediante la adopción de medidas efectivas de protección, incluida, de ser necesaria, la presencia de fuerza pública con estricto respeto a los derechos humanos y con el único propósito de prevenir nuevas agresiones.
- Justicia para Marcos Aguilar Rojas y castigo a los autores materiales e intelectuales de su asesinato.
- Respeto absoluto al territorio comunal de Azqueltán.
- Exigimos la reparación integral de los daños y robos realizado a nuestra comunidad por Fabián Reyes Márquez
Atentamente
Junio de 2026
¡Nunca Más un México Sin Nosotros!
Comunidad Indígena Autónoma de San Lorenzo de Azqueltán
Municipio de Villa Guerrero, Jalisco
