Carta de motivos para adherirse a la justa
demanda de libertad de los presos
mazatecos. Y Por la no criminalización del derecho a la protesta.
Hermanas y hermanos de lucha en Eloxochitlán, en la Sierra Mazateca, en México y el mundo, en el
campo y la ciudad. A las y los habitantes del mundo.
Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ejemplo vivo de resistencia indígena.
Al Congreso Nacional Indígena.
A la Sociedad Civil.
A los Organismos de derechos humanos nacionales e internacionales.
Al Grupo de Trabajo sobre detenciones arbitrarias de la ONU.
A la Combativa Sección XXII.
A los medios de comunicación libres, independientes o como se llamen.
Al Gobierno oaxaqueño dirigido por
Salomón Jara Cruz en una franca
observación.
De Argelia Betanzos, de profesión abogada, hija del preso político mazateco Jaime Betanzos, quien habla en plural porque nada o casi nada es de su exclusivo pensamiento, pero suscribe todo el contenido de la carta como suyo.
La preocupación por la situación de injusticia que prevalece en la comunidad indígena de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, nos obliga a escribirles con sentido de urgencia, y a escribirle al gobierno de manera franca: hay presos inocentes a quienes se les niega no solo el derecho a la libertad sino el derecho de agotar los trámites legales; son momentos donde la indolencia, la complicidad de las instituciones y su nula acción por la justicia produce en nuestras emociones este llamado feminista: “Quémenlo todo”. ¡Quemen los juzgados, quemen los papeles burocráticos que no contienen sino la evidencia del maltrato, del retraso doloso del proceso, trámites inservibles, con los que ya tres gobiernos de Oaxaca justifican la administración de este caso de injusticia, al que llaman “conflicto”.
Lo ocurrido el lunes 18 de septiembre con la suspensión ilegal de la audiencia de nuestros familiares Jaime Betanzos, Herminio Monfil, Alfredo Bolaños, Francisco Durán y Fernando Gavito, nos mostró algo espantoso: la posibilidad de que el propio gobierno de Oaxaca, y la parte acusadora Elisa Zepeda, estuvieran en complicidad para frustrar la audiencia y, encima, culparnos de ello.
Desde el Gobierno de Salomón Jara, a través de una llamada telefónica, se nos acusó de ser las causantes de la suspensión de la audiencia a causa de ejercer nuestro derecho a la protesta. Por otro lado, la parte acusadora expresó en un comunicado de prensa entregado a los medios, que los culpables fueron los presos por su inasistencia a la audiencia.
Sin embargo, el Juez, de viva voz, lo cual fue transmitido en tiempo real a través de Facebook, explicó que suspendió la audiencia porque no contaba con los exhortos de regreso, es decir, con los avisos escritos que envió a cada preso a través de los juzgados del centro de Oaxaca, de Tlacolula y de Cuicatlán; también expuso que un abogado particular, el de Fernando Gavito, no se
presentó y, que tampoco estaba presente el Defensor de oficio Sixto Coronel, que pudo haber suplido la defensa de Gavito, asimismo, que un asesor de la víctima, Andrés Quevedo, tampoco se presentó.
En ningún momento el juez se refirió a algún posible riesgo contra su integridad derivado de la movilización por la libertad, mucho menos a la inasistencia de los presos, pues la mayoría, previamente, habían expresado su voluntad de no estar presentes, según el acuerdo judicial del 5 de septiembre.
Esta explicación del juez está corroborada con un escrito que presentó la defensa federal de los presos Jaime, Alfredo y Francisco, después de la suspensión de la audiencia. Los defensores federales se refirieron a los mismos argumentos que explicó el juez; sin embargo, alegaron que ninguno de esos motivos era procedente para suspender la audiencia: se debió efectuar para los presos cuya defensa estaba presente. El poder judicial también actuó tramposamente.
Sin lugar a dudas, las instituciones, la parte acusadora y el poder judicial provocaron la dilación injustificada, la negación del acceso a la justicia, la prisión arbitraria que ya se puede llamar
secuestro de Estado.
Esta práctica de Estado, que ya es reprobable en un momento en el que se ha prometido transformación, ha sido recurrente para invisibilizar el ejercicio legítimo de los derechos individuales y colectivos, para desatender las demandas de la comunidad, y por otro lado, para
garantizar la impunidad de Elisa y su padre; por ejemplo, en los años 2011 y 2012, cuando la represión contra la comunidad llegó hasta la tortura, las denuncias del pueblo no fueron atendidas; ante el gobierno y el poder judicial siempre se imponía la versión del entonces presidente municipal represor y cacique Manuel Zepeda, padre de Elisa Zepeda; la propia Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, cuyo titular era Arturo Peimbert Calvo, estaba al servicio de la autoridad municipal represora, jamás escuchó, mucho menos tomó con seriedad los reclamos del pueblo. Siendo una Defensoría del pueblo, se puso al servicio de los servidores públicos, así lo demuestra su recomendación 02/2015 que evitó reconocer la responsabilidad de los represores y en cambio construyó la imagen de un pueblo violento, terco, retrasado e inestable, esos califici*vos, usan los grupos gubernamentales hasta el día de hoy.
El gobierno de Gabino Cué y el “Defensor del pueblo” Arturo Peimbert administraron los sucesos de represión, confeccionando, desde sus escritorios, las versiones que más les acomodaron para su beneficio personal y beneficio del grupo caciquil.
En 2014, desde todos los poderes del Estado oaxaqueño, se calumnió a la comunidad señalándola de violenta, acusándola de usar armas de fuego en contra de la familia de Manuel y Elisa Zepeda, pero al momento de la comprobación cienhfica, las heridas de bala se hallaron en los cuerpos de personas de la asamblea comunitaria, del pueblo que se opuso al régimen caciquil, no en los cuerpos de Elisa, ni de su padre, madre y hermano; una vez más fue el pueblo el agraviado y los señores Manuel y Elisa los perpetradores impunes, como consta en el expediente 789/HJ/2014 aun en la Fiscalía.
Como el pueblo resistió, entonces lo desarticularon a través de la fabricación de delitos, dijeron que matamos y que intentamos matar. Pero en 9 años la Fiscalía jamás ha mostrado las pruebas de haber hallado cuerpos sin vida el 14 de diciembre de 2014; no existe una sola fotograka, recabada por la Fiscalía, de mujeres lesionadas, a pesar de que agentes estatales hicieron investigación
directa ese mismo día en Eloxochitlán, en Huautla y en el hospital de Huautla.
No fue la comisión de un delito, sino la consigna política, la causante de la prisión y el desplazamiento forzado con las que se sometió a la comunidad por defender su libre determinación y sus recursos naturales, explotados irracionalmente por el Señor Manuel Zepeda.
40 personas con representación comunitaria, de las cuales 7 siguen en prisión, y 13 en desplazamiento forzado, son víctimas de delitos fabricados; la fabricación puso al centro a unafalsa victima, a Elisa Zepeda, quien contó también con el respaldo público del exgobernador Alejandro Murat.
En voces de las mujeres mayores de Eloxochitlán, nuestros presos indígenas “son usados como una escalera, sobre la cual Elisa Zepeda Lagunas sube a dis*ntos cargos públicos con base en su falsa vic*mización, y por cada uno que sale libre, ella pide otro más en su lugar, por eso acusó a 40 personas, para asegurarse de efectos prolongados”.
En voces del gobierno y Elisa Zepeda, si liberan a los presos habría descontento social, sin embargo, la movilización del lunes 18 de septiembre les mostró que eso es falso; el pueblo de Eloxochitlán y de la Sierra Mazateca esperan la liberación de los presos, así como la solidaridad nacional e internacionalista.
La comunidad siempre ha tenido evidencias sólidas de los agravios sistemáticos. Las denuncias internacionales están en trámite y dicen que podrán tardar varios años para su atención. En tanto, lo alarmante es que las prácticas gubernamentales de quien prometió transformación, parecen no
cambiar.
¿Planea el gobierno de Salomón Jara junto con Elisa Zepeda más trampas? ¿Qué buscan al causarnos cansancio en este reclamo de justicia?
¿En verdad buscan que lo quememos todo para después acusarnos de terroristas, aunque no se toque a ni una persona, sino solo a los objetos? ¿Nos acusarían de terroristas? ¿Nos torturarían? Si eso harían, nos preguntamos, entonces ¿Qué mote se le debe poner a quienes se coluden para
negar el acceso a la justicia, para negar la libertad a indígenas inocentes? Y ¿Qué castigo deberían pagar por ello?
En un caso, donde la parte acusadora de los presos mazatecos es parte del Gabinete de gobierno, donde la parte acusadora dispone de todo el aparato de Estado a su favor, lo menos que le corresponde a la comunidad es ejercer su derecho a la protesta como herramienta indispensable frente a un piso absolutamente disparejo, así como el derecho a recibir la solidaridad de los pueblos de México y el mundo. El chantaje para abandonar nuestra resistencia y nuestro derecho a la protesta es inadmisible.
¡Que llegue el momento de la libertad. La opresión y la injusticia deben terminar!
Nos vemos en la calle este próximo jueves 28 de septiembre de 2023.
Atentamente: Argelia Betanzos, Mazateca por la Libertad.