-Nuevo atentado contra Azqueltán. Intentan asesinar a comunera embarazada que defiende predio comunal
-En la agresión resultó lesionado su hijo de 4 años de edad
Al pueblo de México
A los pueblos originarios del mundo
A las organizaciones honestas de derechos humanos
A los medios libres de comunicación
A los colectivos solidarios y conscientes
Al Congreso Nacional Indígena
Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
Desde la comunidad indígena autónoma, tepehuana y wixárika, de San Lorenzo de Azqueltán, municipio de Villa Guerrero, Jalisco; en medio de la celebración ceremonial por la conmemoración del 75 aniversario de la lucha por el reconocimiento de los bienes comunales, 13 años de autonomía y 1 año del asesinato del compañero Marcos Aguilar Rojas, denunciamos con profunda rabia e indignación un nuevo ataque contra nuestra comunidad. Una vez más, quienes ambicionan nuestras tierras atentan contra la vida de nuestras familias, mientras las instituciones encargadas de protegernos permiten que las agresiones continúen.
El pasado 7 de noviembre de 2026, alrededor de las 12:00 horas, nuestra compañera comunera Casandra Nallely Magallanes Conchas, quien se encuentra embarazada y viajaba acompañada de su hijo de apenas cuatro años, fue víctima de una brutal agresión cuando se dirigía a nuestra comunidad. En un puente cercano a Santa Rita, a las afueras de Villa Guerrero, Juan Aguilar Márquez, señalado reiteradamente por amenazar a nuestros comuneros, dirigió su camioneta contra el vehículo de nuestra compañera, provocando que volcara y cayera a un río de aguas negras.
Casandra sufrió fracturas en la columna vertebral y la mandíbula. Su estado de salud es grave. Su pequeño hijo también resultó lastimado, aunque con lesiones leves. El riesgo para ella y para la vida que lleva en su vientre nos llena de dolor e indignación.
Según testigos, después del ataque, Juan Aguilar descendió de su camioneta, observó el estado en que había quedado nuestra compañera y se retiró sin prestarle auxilio. Denunciamos estos hechos como un intento de homicidio, el dolo con el que actuó el agresor fue anunciado varias veces a través de amenazas, nuevamente la omisión de las autoridades de intervenir oportunamente permitió que se llegara a esta agresión violenta, exigimos que los hechos sean investigados y castigados con todas sus agravantes.
Pero la violencia no terminó ahí.
El 8 de noviembre, durante la atención médica de Casandra en el Hospital Comunitario de Colotlán, su esposo, nuestro compañero Flavio Quiñones Aguilar, fue obligado a abandonar el área donde la auxiliaba. Una vez afuera, agentes que se identificaron como integrantes de la Fiscalía lo amenazaron con detenerlo bajo acusaciones absurdas, diciendo que nuestro compañero pretendía poner una bomba en el hospital y que amenazó con un arma a los médicos; lo cual es completamente falso. Le exigieron dinero para evitar su arresto y también le advirtieron que abandonara Colotlán.
Ante el temor de nuevas agresiones, Casandra solicitó su alta voluntaria. Gravemente lesionada, tuvo que arrastrarse sin ayuda hasta la salida del hospital, donde finalmente pudo ser auxiliada por su esposo.
¿Hasta dónde llega el desprecio por la vida de nuestros pueblos? ¿Cómo es posible que una mujer indígena embarazada, con la columna fracturada, termine huyendo de un hospital por miedo a quienes deberían protegerla?
En tanto que las pruebas, fotografías, pertenencias personales y hasta el vehículo en que viajaba la compañera fueron retenidos por personal de la fiscalía, por lo que los hacemos responsables de la custodia de los elementos de prueba, ya que tenemos una desconfianza fundada de que estén actuando al margen de la ley y en beneficio del robo de tierras comunales. Incluso después decían los policías ya no contar con fotografías del asesino Juan Aguilar Márquez y por el contrario tenían en sus teléfonos fotografías de la compañera comunera obtenidas sin autorización.
El 10 de noviembre, Flavio recibió otra llamada en la que se le exigió presentarse en las instalaciones policiales, bajo advertencia de que, si no lo hacía, sería detenido. Agregando a la grave situación, el riesgo de nuevamente ser criminalizados por defender el territorio, el cual siempre ha poseído la comunidad indígena de Azqueltán.
Estos hechos no son aislados. Casandra y Flavio llevan años defendiendo los predios comunales La Cueva del Mosco y Peñasco Blanco, enfrentando amenazas de muerte atribuidas a Juan Aguilar Márquez. En junio de este año denunciamos otra intimidación por parte de esta persona, cuando dirigió su camioneta amenazantemente contra comuneros, incluidos menores de edad. De todo esto han tenido conocimiento las autoridades municipales de Villa Guerrero, el gobierno estatal de Jalisco y el gobierno federal, por lo que exigimos que no se proteja, desde el poder y a través de la impunidad, el robo de tierras comunales y la muerte como herramienta de sus crímenes.
Hace menos de un año, el 26 de noviembre de 2025, asesinaron a nuestro compañero y autoridad agraria Marcos Aguilar Rojas en el predio El Caracol. Su hermano Gabriel resultó gravemente herido. Antes de aquel crimen habíamos denunciado amenazas, incursiones armadas y maniobras para arrebatarnos nuestras tierras. Acciones cobardes de las que Juan Aguilar fue promotor. La justicia que seguimos exigiendo para Marcos aún no llega, pues los asesinos siguen libres y planeando la guerra en contra de nuestro pueblo.
Azqueltán no enfrenta una simple disputa entre particulares. Defendemos nuestro territorio ancestral, nuestra autonomía y nuestro derecho a existir como pueblo tepehuano y wixárika. Desde hace generaciones resistimos el despojo; desde 2013 fortalecimos nuestras autoridades autónomas y continuamos la lucha por el reconocimiento de nuestras tierras comunales.
Tenemos historia, tenemos títulos, tenemos memoria. Lo que no hemos tenido es justicia, pues los gobiernos pretenden que aceptamos que la defensa del territorio se pague con sangre, que las víctimas sean amenazadas y que quienes denuncian terminen tratados como delincuentes.
Y por si les queda duda, recordamos que ni nos rendimos, ni nos vendemos, ni claudicamos
Por todo ello EXIGIMOS:
PRIMERO. Atención médica especializada e inmediata para Casandra, protección para su hijo y garantías para su integridad y la de su familia. Así como la entrega de sus pertenencias que no tienen relación con la investigación, mismas que fueron retenidas por agentes de fiscalía de Colotlán, Jalisco.
SEGUNDO. Investigación efectiva de Juan Aguilar Márquez por los hechos denunciados, preservación de las pruebas y esclarecimiento de las responsabilidades, con el propósito irrevocable de erradicar la impunidad y lograr la aplicación de una sanción penal conforme a derecho, sin encubrimientos ni privilegios.
TERCERO. Investigación de las amenazas y presuntas extorsiones cometidas por agentes públicos, así como de las irregularidades en la atención hospitalaria.
CUARTO. Medidas urgentes de protección colectiva para nuestra comunidad y acciones concretas para el cese de las agresiones, amenazas y actos de criminalización.
QUINTO. Justicia para Marcos Aguilar Rojas y reconocimiento pleno de nuestro territorio ancestral, como condición indispensable para detener el despojo.
Hacemos responsables a los gobiernos municipal, estatal y federal de detener, juzgar y castigar al culpable de los graves hechos que denunciamos, de atender los riesgos que hoy denunciamos y de prevenir nuevas agresiones.
¡NO QUEREMOS OTRA COMPAÑERA ASESINADA!
¡JUSTICIA PARA CASANDRA, GABRIEL Y MARCOS AGUILAR ROJAS!
¡ALTO AL DESPOJO Y A LA VIOLENCIA CONTRA AZQUELTÁN!
¡NUESTRA TIERRA NO SE VENDE, SE DEFIENDE!
ATENTAMENTE
Desde el fondo del Cañón de Bolaños, Jalisco.
Noviembre de 2026.
Comunidad indígena autónoma, tepehuana y wixárika, de San Lorenzo Azqueltán, municipio de Villa Guerrero, Jalisco.