A los pueblos de México y del mundo,
A los organismos y colectivos defensores de derechos humanos,
A las Redes de Resistencia y Rebeldía,
A la Sexta Nacional e Internacional,
A l@s firmantes de Una Declaración por la Vida en los cinco continentes,
A la Europa Insumisa, Digna y Rebelde,
A los medios libres e independientes,
A quienes caminan la palabra de la vida.
A treinta años del nacimiento del Congreso Nacional Indígena (CNI), hoy seguimos estando aquí levantamos nuestra voz en común para reafirmar que los pueblos originarios y afromexicanos seguimos vivos y organizados en resistencia y rebeldía. Nuestra dignidad y amor a nuestra Madre Tierra, se muestra desde la autonomía, la libre determinación, nuestras lenguas, culturas y así como desde nuestras propias formas de existir. Tres décadas después, aquí estamos denunciando porque el despojo, el racismo, la explotación, el desprecio, la discriminación y la represión no han terminado por el contrario se intensifican día con día.
Denunciamos la guerra que se impone contra nuestros pueblos y territorios, mediante megaproyectos, minería, agroindustria, proyectos energéticos, infraestructura y otras formas de extractivismo que amenazan nuestros bienes naturales, sitios sagrados, fuentes de agua y formas de vida comunitaria. Rechazamos que nuestros territorios sean tratados como mercancías al servicio de los intereses empresariales y de los grandes capitales, sin respetar nuestra palabra, nuestra autonomía ni nuestro derecho a decidir.
Denunciamos el avance de la delincuencia organizada, el desplazamiento forzado, las desapariciones, los asesinatos, la militarización y la violencia contra quienes defienden sus comunidades. Nos preocupa la complicidad, la omisión y la impunidad de las autoridades de los tres niveles de gobierno frente a estas violencias, así como la criminalización de las personas defensoras y el encarcelamiento de quienes levantan la voz para proteger la vida y el territorio.
Rechazamos las estrategias de división, cooptación y control que buscan debilitar la organización comunitaria. Denunciamos el uso de programas sociales y de otras medidas gubernamentales cuando se convierten en mecanismos de condicionamiento político, sometimiento o fragmentación de nuestras comunidades. Ningún gobierno puede sustituir la voluntad colectiva de los pueblos, ni decidir por nosotros cómo debemos organizarnos, ejercer nuestra autonomía y defender nuestro futuro.
La radiografía de las estrategias de despojo en las distintas regiones del país se mira de la siguiente forma.
En la región centro vemos cómo en Cuajimalpa se enfrentan a la urbanización que es cada vez más violenta, la imposición de proyectos como el cablebús y de equipamiento urbano como las utopías, así como el saqueo de agua de los pueblos y la venta del bosque. En San Gregorio Atlapulco se enfrentan al proyecto hídrico y para ello se han organizado en contra de aguas negras provenientes de los pueblos de la montaña de Milpa Alta en la zona chinampera a pesar de las campañas de difamación y grupos de golpeadores, lograron la cancelación de una obra que SEGIAGUA la cual quería imponer con consultas simuladas, sin embargo es necesario seguir vigilando que no se vuelvan a instalar.
En Iztapalapa a partir de la extracción desmedida del agua de los mantos acuíferos, se han abierto socavones, grietas y hundimientos en la tierra. Se evidencia que el agua es acaparada por los megaproyectos y distintas industrias, a través de concesiones que da el gobierno, ocasionando que en las comunidades han tenido que comprar agua para su uso doméstico y vida cotidiana.
En Milpa Alta se lucha contra la línea 6 del cablebús y el plan general de desarrollo que menciona que las áreas naturales protegidas son áreas desaprovechadas.
En Querétaro se manifiesta la guerra sionista y la intervención extranjera, al comprobar que el agua es un botín de guerra, donde se implantan mega-proyectos tecnológicos llamados data center, caracterizados por el alto consumo de energía eléctrica y el exceso uso de agua. El tren México-Querétaro, la industria inmobiliaria, la privatización del agua que legitima la redistribución de agua contaminada mientras se intensifica la extracción de agua limpia de pozos profundos, los cuales son despojados con violencia, mentiras y trampas a los pueblos originarios como es el caso de Santiago Mexquititlán con el pozo de agua de barrio cuarto. Es necesario vigilar la defensa de su pozo y sistema de agua potable, además eliminación de dicha ley.
En San Andrés Cholula se han disminuido terrenos, hay escasez de agua, debido al despojo para llevar a la ciudad para centros comerciales como Angelópolis, las inmobiliarias y bodegas. En Xoxtla se pretende imponer la perforación de pozos profundos para llevar el agua a la ciudad, sin embargo, los pobladores se organizaron para evitar la perforación y expulsar la maquinaria. Denunciamos que la criminalización sigue aún presente, los casos de Pascual Bermudez y Renato Romero son una muestra de cómo el estado mexicano se empeña en criminalizar a los defensores del agua.
El pueblo Totonaco de la Sierra Norte de Puebla, enfrenta proyectos de minería, militarización, desapariciones, feminicidios, en este territorio treinta y nueve municipios están amenazadas con el Fracking.
En Cuentepec, Morelos el futuro de sus comunidades está en riesgo ya que la drogadicción ha aumentado en jóvenes de primaria y secundaria, los dañan para que no haya personas que defiendan el territorio; incluso han desaparecido a varios de ellos. La presencia de personas armadas, patrullas y Guardia Nacional solo violenta a la comunidad y al mismo tiempo incrementa la violencia y pese a todas la destrucción capitalista del tejido social defienden el territorio en contra de la minería.
Los pueblos mayas de Yucatán de Tebec, Hotzuc, Petecbiltun, Cheuman, Noc Ac, Chocholá, Xcucul Sur, San José Tzal, Yaxcopoil y Ticimul denuncian que el tren maya en la península de Yucatán ha incrementando la minería y los bancos de material pétreo. Desde el 2018 al 2025 se han aprobado más de 60 bancos de este material en Yucatán; 10 de los cuales, se encuentran en el municipio de Umán, los cuales son promovidos por las empresas transnacionales Proser, Procon y Mapsa. Dichas empresas han causado la muerte de compañeros de la comunidad debido a la imprudencia de su personal, por ejemplo, el pasado 12 de septiembre de 2026, el joven Joel David Uicab Ucán originario de la comunidad maya de Petectbiltún, Umán, Yucatán, perdió la vida al ser atropellado y hasta ahora no existe justicia. De igual forma, denunciamos otras afectaciones como son: la deforestación de miles de hectáreas para la instalación de plantas fotovoltaicas, la instalación de granjas porcinas, el incremento de las inmobiliarias lo cual fortalece el despojo de tierras, se registra la muerte de las abejas, las granjas avícolas, la contaminación del agua y los cenotes. A esto, se suma el incremento de desapariciones, asesinatos y feminicidios de nuestras comunidades. De igual manera, denunciamos el incumplimiento del gobierno federal donde se comprometió a abastecer el agua en el municipio de Calakmul así como implementar el Tren Maya sobre sus territorios.
En la Montaña baja de Guerrero la guerra de exterminio ha provocado que el crimen organizado a través del cartel de “Los Ardillos” ligado a MORENA, haya desplazado de manera forzada por lo menos a tres comunidades. Hay 88 ejecutados, 20 desaparecidos y detenciones arbitrarias. Exigimos la libertad de Jesús Placido Galindo y Sixto Mendoza Limpia, justicia por los asesinados y presentación con vida de los desaparecidos de CIPOG-EZ.
En la Costa Chica de Guerrero las asambleas son cada vez más reducidas porque el gobierno ha usado figuras agrarias para dividir y minar la toma de decisiones en colectivo. También, administrativamente ha reducido el territorio de las regiones para con ello disminuir el contacto entre pueblos, ya que desde el escritorio unen a dos regiones en una misma, sin tomar en cuenta sus particularidades.
En la región purépecha de Michoacán se enfrentan a la desaparición, la represión, la contrainsurgencia, el clientelismo a través de programas sociales y la cooptación de comunidades a través de la asignación de presupuesto directo, así como a la pérdida de identidad debido al sistema educativo que elimina la visión indígena, ya que no deja espacio para las lenguas originarias.
En Ostula, Michoacán el crimen organizado ha violentado la vida comunitaria mediante el asesinado de 36 comuneros y la desaparición de 6; los ataques por parte del CJNG con drones y armas de alto calibre continúan. Además, las fuerzas federales han tomado parte en dicha ofensiva, con la ejecución de un niño de 12 años por parte del Ejército mexicano.
En Jalisco, el estado mexicano reprimió brutalmente a defensores del agua quienes se encontraban en su legítimo derechos a la protesta el día 11 de octubre de 2026, quienes se encontraban en su legítimo derecho a la protesta, donde fuerzas policiacas armadas estatales detuvieron a más de 50 manifestantes, muchos de ellos desaparecidos, muy seguramente se ejerció tortura, es necesario la solidaridad, agua limpia para Jalisco fuera la industria y los data Center de Jalisco
En el Salto, Jalisco, la comunidad se enfrenta a grandes corporaciones que contaminan el río Santiago desde hace décadas, volviéndolo uno de los diez ríos más contaminados del mundo. Actualmente, se está luchando por detener la imposición de una termoeléctrica la cual afectará de manera profunda a la comunidad.
La Unión Campesina Zapatista del Sur y los zoques urbanos originarios de Chapultenango, Chiapas y que actualmente residen en el área metropolitana de Guadalajara, Jalisco; denuncian la crisis civilizatoria que padecen en la ciudad, misma que se materializa en la mala calidad del agua potable que llega a los hogares, la cual contiene metales pesados, heces fecales y tienen un olor fétido que hace imposible su utilización en la vida diaria. Toda esta crisis ambiental, forma parte de un proceso de privatización para favorecer a empresas sionistas interesadas en el monopolio del agua.
El pueblo mayo de Cohuirimpo, denuncia el hostigamiento constante por parte de la policía municipal de Navojoa, Sonora, con la instalación de retenes en su comunidad que acompaña de grúas camabajas para el decomiso de motocicletas. En tanto que, el ejecutivo municipal demuestra indiferencia al no atender una solicitud de audiencia por parte de dicha comunidad. También se denuncia el robo de una cruz mojonera, que es un monumento histórico, que divide los territorios ancestrales del pueblo de Cohuirimpo y Navojoa, la cual apareció después de una denuncia judicial impuesta por el gobernador de la comunidad de Cohuirimpo. Finalmente, se denuncia que grupos afines a MORENA y las instituciones municipales se permite la suplantación en el caso de los comités comunitarios indígenas en la ejecución de recursos del programa FAISPIAM (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas).
En Eloxochitlán, Flores Magón, Oaxaca se exige el alto a la persecución contra los 14 exiliados; además, padecen el saqueo de piedra y arena por parte de la familia Zepeda, la fabricación masiva de delitos, exigen la sentencia histórica de Miguel Peralta, y buscan evitar la prolongación del caso que la diputada Elisa Zepeda busca al solicitar la revisión de dicha sentencia, que la sentencia quede firme facilitaría que la fiscalía de Oaxaca cancele las órdenes que restan, así como las órdenes de aprehensión ante el juzgado de Huautla son improcedentes. Por ello, desde el plantón que sostienen frente a la Suprema Corte de Justicia, exigen a la ministra Yasmín Esquivel que se comprometa a hacer valer la sentencia.
En el Istmo denuncian la existencia de alrededor de 800 aerogeneradores y que los partidos políticos han contribuido a la división de los representantes comunales, favoreciendo el despojo de los territorios y la instalación de proyectos mineros de oro y plata. Asimismo, se impulsa la instalación de universidades politécnicas que, lejos de responder a las necesidades de las comunidades, se orientan a la formación de mano de obra barata para el Corredor Interoceánico. A esta situación se suma la creciente preocupación por el aumento de los feminicidios y los infanticidios en la región.
En Tula, Hidalgo se enfrentan a un vertedero que afecta la vida de las personas y de igual forma amenaza el equilibrio con la flora y fauna de la zona.
En Ocosingo, Chiapas, la comunidad se está fragmentando debido a que los jóvenes se empezaron a sumar a los proyectos clientelares del gobierno de la llamada 4T, muchos han caído en la trampa de la droga, lo que ha llevado a que jóvenes drogados hayan matado a sus familiares. Además, hay problemas de agua, muchas comunidades no tienen el acceso o toman agua contaminada.
En Veracruz los pueblos se oponen a la implementación del Fracking y la explotación del petróleo y del gas. Denuncian que el derrame petrolero en las costas y lagunas del Golfo de México sigue sin resolverse, lo cual ha provocado la muerte de flora y fauna así como graves daños a la salud como enfermedades respiratorias, de piel y gastrointestinales.
El “Frente de Ejidos y Comunidades Agrarias contra el Corredor Vial Zapoteco” de los valles centrales del estado de Oaxaca; manifiesta el rechazo del proyecto carretero denominado corredor vial zapoteco, que pretende privar terreno de propiedad social de comunidades de pueblos originarios Zapoteco y Mixteco.
El Consejo Regional Wixárika por la defensa de Wirikuta denuncia que aún no se han cancelado las concesiones mineras fuera de ANP Estatal, lo que implica que 20 concesiones del proyecto First Majestic siguen aún adelante. Ante ello, se exigen la cancelación inmediata de las concesiones mineras.
Los colectivos Madres buscadoras de Xalapa y la Célula Independiente de Búsqueda de Desaparecidos, denuncian la desaparición de jóvenes desde hace 12 años en Xalapa Veracruz, así como de miles de personas más. También, se solidarizan en enviar un abrazo fraterno que buscamos a nuestros desaparecidos como CNI.
Nos solidarizamos con las familias de personas desaparecidas, a quienes el narco-estado las ha convertido en buscadoras, frente al abandono institucional y al dolor, han construido caminos colectivos de búsqueda y resistencia. Sus luchas son también nuestras, porque no aceptamos que el olvido y la impunidad sean el destino de nuestros pueblos.
Asimismo, manifestamos nuestro rechazo a la propuesta de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, mientras mantenga disposiciones regresivas y no garantice plenamente nuestros derechos colectivos. Rechazamos las consultas apresuradas, sin información suficiente y sin respeto a nuestras propias formas de deliberación y toma de decisiones. No aceptamos que el Estado se convierta en dueño, administrador o tutor de nuestras identidades, culturas, conocimientos y expresiones comunitarias. Exigimos el respeto irrestricto a la libre determinación, la autonomía y el derecho de los pueblos a decidir sobre sus territorios y bienes comunes.
Frente a este panorama, reconocemos que ninguna comunidad puede enfrentar sola las amenazas que vivimos. Por ello, hacemos un llamado a fortalecer la organización desde abajo, las asambleas, las redes de solidaridad y los vínculos entre pueblos, comunidades, colectivos, estudiantes, organizaciones sociales y familias buscadoras. Necesitamos acercarnos más a las comunidades, escuchar sus necesidades, compartir nuestras experiencias y construir estrategias conjuntas para defender la vida, el agua, la tierra y nuestros derechos.
Convocamos también a fortalecer la participación de las mujeres, las juventudes, las infancias y las personas que históricamente han sido excluidas de los espacios de decisión.
A treinta años del CNI, reivindicamos la memoria de quienes nos antecedieron y de quienes entregaron su vida por la libertad y la dignidad de nuestros pueblos. Honramos el legado de la Comandanta Ramona, de Samir Flores Soberanes, de Bety Cariño y de todas las compañeras y compañeros que continúan presentes en nuestras luchas. Su memoria nos recuerda que la resistencia no se construye en soledad, sino en comunidad, con dignidad, solidaridad y esperanza.
Reafirmamos que nuestra lucha no busca reproducir las formas de dominación del sistema, sino defender y construir otras maneras de vivir, basadas en la autonomía, la comunalidad, el respeto a la diversidad y la solidaridad entre los pueblos. La Madre Tierra no es una mercancía: es nuestra casa, nuestra memoria y el sustento de las generaciones presentes y futuras.
Por todo lo anterior, exigimos:
¡Respeto irrestricto a la autonomía y libre determinación de los pueblos originarios y afromexicanos!
¡No al despojo de nuestros territorios, del agua, de la biodiversidad y de nuestros bienes comunes!
¡No a las consultas simuladas ni a las leyes regresivas que vulneran nuestros derechos colectivos!
¡Libertad para Jesús Plácido Galindo, Sixto Mendoza Limpia y Francisco Moreno Hernández!
¡Cese a la criminalización y persecución de quienes defienden la vida y el territorio!
¡Justicia para Samir Flores Soberanes y todas las personas defensoras asesinadas!
¡Presentación con vida de todas las personas desaparecidas y justicia para sus familias!
¡Alto a la violencia, al desplazamiento forzado y a la impunidad!
Presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
No a la Minería en Oaxaca
Cancelación de las concesiones de los valles de Oaxaca
No a la presa Paso de la Reina en la costa de Oaxaca
No al corredor vial zapoteco
Hoy, como hace treinta años, decimos que no nos rendimos, no nos vendemos y no claudicamos. Nuestra fuerza está en la organización, en la memoria, en la palabra colectiva y en la defensa de aquello que nos da vida.
Porque mientras nuestros pueblos sigan organizados, habrá resistencia; mientras defendamos la Madre Tierra, habrá esperanza; y mientras caminemos juntos, habrá futuro para las generaciones que vienen.
A 30 años del Congreso Nacional Indígena,
¡Viva el Congreso Nacional Indígena!
¡Nunca más un México sin nosotros!
Por la reconstitución integral de nuestros pueblos
Ciudad de México, 12 de octubre de 2026