Santa Ana Zegache, Oaxaca.
La Asamblea General de Ciudadanas y Ciudadanos de Santa Ana Zegache, mΓ‘xima autoridad de decisiΓ³n de nuestra comunidad conforme a nuestra asamblea , asΓ como a los principios de libre determinaciΓ³n reconocidos por la ConstituciΓ³n PolΓtica de los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, manifiesta a la opiniΓ³n pΓΊblica, a los gobiernos federal y estatal y a la sociedad en general lo siguiente:
Nuestro territorio representa mucho mΓ‘s que una extensiΓ³n de tierra. Es el espacio donde se desarrolla nuestra vida comunitaria, nuestra historia, nuestra identidad, nuestras actividades agrΓcolas, nuestros bienes naturales y el legado que habremos de dejar a las futuras generaciones. Su protecciΓ³n constituye un deber colectivo y un derecho irrenunciable.
Ante la intenciΓ³n de construir el proyecto carretero denominado Corredor Vial Zapoteco, anteriormente conocido como Libramiento Sur, expresamos nuestro firme rechazo debido a las afectaciones ambientales, sociales, culturales y patrimoniales que implicarΓa para nuestra comunidad y para los pueblos de los Valles Centrales.
Durante la Asamblea General convocada legalmente en la comunidad de Santa Ana Zegache, las y los ciudadanos, mediante un proceso de deliberaciΓ³n libre, democrΓ‘tico y comunitario, acordamos de manera expresa no aprobar ni otorgar consentimiento para la ejecuciΓ³n de dicho proyecto dentro del territorio de nuestra comunidad. Este acuerdo representa la voluntad soberana de la Asamblea General y deberΓ‘ ser respetado por todas las autoridades e instituciones pΓΊblicas.
Recordamos que el artΓculo 2Β° de la ConstituciΓ³n PolΓtica de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho de los pueblos y comunidades indΓgenas a la libre determinaciΓ³n, a decidir sus formas internas de organizaciΓ³n y a ser consultados previamente respecto de cualquier medida administrativa o proyecto susceptible de afectar directamente su territorio.
Asimismo, el Convenio 169 de la OrganizaciΓ³n Internacional del Trabajo, ratificado por el Estado mexicano y de observancia obligatoria, establece que toda consulta debe realizarse de manera previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe, con el propΓ³sito de obtener el consentimiento de los pueblos cuando las decisiones impacten sus tierras, territorios y recursos naturales.
De igual forma, la DeclaraciΓ³n de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos IndΓgenas reconoce el derecho de los pueblos a conservar, utilizar, desarrollar y controlar sus tierras y recursos, asΓ como a no ser objeto de decisiones impuestas sin su consentimiento.
TambiΓ©n recordamos que el Acuerdo de EscazΓΊ, vigente en MΓ©xico, garantiza el derecho de todas las personas a acceder a la informaciΓ³n ambiental, participar efectivamente en la toma de decisiones y acceder a la justicia cuando existan afectaciones al medio ambiente y a los derechos colectivos.
En el Γ‘mbito nacional, la Ley General del Equilibrio EcolΓ³gico y la ProtecciΓ³n al Ambiente establece que toda obra de esta naturaleza debe sujetarse a procedimientos rigurosos de evaluaciΓ³n de impacto ambiental, mientras que la Ley General de Cambio ClimΓ‘tico obliga a las autoridades a proteger los ecosistemas y promover un desarrollo sustentable que no comprometa el patrimonio natural de las generaciones futuras.
Por ello, advertimos que cualquier intento de imponer este proyecto sin respetar la voluntad de la Asamblea General, sin consulta previa y sin cumplir plenamente con las obligaciones constitucionales y legales, constituirΓa una violaciΓ³n a nuestros derechos colectivos y a los compromisos nacionales e internacionales asumidos por el Estado mexicano.
Queremos dejar claro que nuestra comunidad no se opone al desarrollo ni al mejoramiento de los servicios pΓΊblicos. Lo que rechazamos es un modelo de desarrollo que pretenda construirse mediante la imposiciΓ³n, la desinformaciΓ³n, la divisiΓ³n comunitaria o el sacrificio de nuestro patrimonio ambiental y cultural.
La defensa del territorio no responde a intereses particulares; responde a la responsabilidad histΓ³rica de proteger la tierra que recibimos de nuestros antepasados y que tenemos el deber de conservar para quienes vendrΓ‘n despuΓ©s de nosotros.
Por ello:
Exigimos al Gobierno Federal, al Gobierno del Estado de Oaxaca y a todas las dependencias involucradas:
* El respeto absoluto a los acuerdos legalmente adoptados por la Asamblea General de Santa Ana Zegache.
* Que se abstengan de realizar actos, gestiones o autorizaciones que contravengan la voluntad de la comunidad.
* Garantizar plenamente el derecho a la consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe.
* La transparencia total respecto de cualquier estudio tΓ©cnico, ambiental, social o econΓ³mico relacionado con este proyecto.
* El respeto irrestricto a los derechos territoriales, ambientales y colectivos de nuestra comunidad.
Finalmente, hacemos un llamado respetuoso pero firme a todas las ciudadanas y ciudadanos de Santa Ana Zegache para permanecer informados, organizados y atentos ante cualquier acciΓ³n que pretenda desconocer o vulnerar los acuerdos tomados por nuestra Asamblea General.
La defensa del territorio requiere unidad, participaciΓ³n y vigilancia permanente. Ninguna decisiΓ³n externa puede estar por encima de la voluntad legΓtimamente expresada por nuestro pueblo.
Convocamos tambiΓ©n a las comunidades hermanas, organizaciones sociales, instituciones acadΓ©micas, organismos defensores de derechos humanos y a la sociedad en general a mantenerse atentos y acompaΓ±ar la defensa pacΓfica y legΓtima de nuestro territorio.
Reiteramos que los acuerdos de la Asamblea General constituyen la mΓ‘xima expresiΓ³n de la voluntad comunitaria y exigimos que sean plenamente respetados.
Porque la tierra no se vende, se ama, se cuida y se defiende.
Β‘Santa Ana Zegache unido en defensa de su territorio, su historia y su futuro!