A los pueblos originarios y sociedad civil de México y del mundo,
A la Presidenta de México Claudia Sheimbaum Pardo,
Al Gobernador de Jalisco Pablo Lemus Navarro,
Al Fiscal del Estado de Jalisco Salvador González de los Santos
A la Red de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos
A los medios de comunicación
Desde la Comunidad Autónoma Tepehuana y Wixárika de San Lorenzo de Azqueltán, denunciamos ante los pueblos, la sociedad civil y los gobiernos de este país la agresión, el despojo y la impunidad que amenazan nuevamente nuestro territorio comunal.
Hace unos días, denunciamos la incursión ilegal de grupo de personas armadas que se identificaron como policías investigadores, ocurrida el pasado 4 de noviembre. Alegaban que un supuesto “dueño” les había mostrado documentos de propiedad. Durante la incursión amenazaron de muerte a comuneros, robaron materiales y herramientas y sembraron el terror entre quienes ahí trabajaban.
Días después, el 11 de noviembre, el supuesto “pequeño propietario” Refugio Raygoza colocó un cerco de piedra y una puerta de metal con el letrero “Propiedad Privada” en el acceso al predio denominado El Sabino Quemando, asegurando que fue la Fiscalía del Estado de Jalisco quien le ordenó hacerlo, lo que constituye claramente un acto de despojo, que es un delito sancionable de acuerdo con la ley penal, sin embargo, como es realizado por parte de una persona ajena a la comunidad no hay sanción, sino que se promueve por quienes deberían investigar.
Desde entonces, se nos ha negado cualquier información o documento oficial, siendo que lo único que nos han mostrado, han sido las armas largas y amenazas de muerte, con la clara intención de imponer por la fuerza el despojo de nuestras tierras comunales, mismas que hemos defendido colectivamente por siglos.
Nuestra comunidad mantiene procedimientos legales vigentes ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 16, con sede en Guadalajara, por el reconocimiento y titulación de nuestros bienes comunales, titulados por la Corona Española en 1733. Sin embargo, la codicia de supuestos pequeños propietarios y la complicidad de autoridades han buscado privatizar lo que pertenece legítimamente a nuestro pueblo.
Para nosotros, la tierra no es mercancía: es vida, historia y memoria. La defendemos porque es la única garantía de que nuestro pueblo siga existiendo.
La invasión, venta y despojo de terrenos comunales, acompañadas de corrupción, represión y persecución, han sido una constante contra Azqueltán. Desde 2019, cuando nuestras autoridades fueron atacadas por Fabio Flores Sánchez, alias “La Polla”, y un grupo violento que lo acompañaba, solo hemos recibido impunidad y discriminación.
Los intentos de homicidio pretenden ser reducidos a “lesiones”, y el poder judicial ha protegido a los agresores mientras nuestras autoridades siguen sufriendo las secuelas del ataque.
En los parajes El Sabino Quemado y La Cueva del Mosco, donde hoy nuevamente se pretende arrebatar nuestras tierras, la comunidad mantendremos la posesión colectiva, porque son nuestras desde tiempos ancestrales y las defendemos como pueblos tepehuano y wixárika.
Tras numerosos ataques armados, amenazas y despojos, se han abierto muchas carpetas de investigación que solo han representado desgaste para la comunidad y protección para los agresores, que siguen pretendiendo quedarse con el territorio.
Como represalia, las autoridades han criminalizado a varios comuneros, acusándolos falsamente de delitos inventados por los mismos caciques.
Algunos han sido encarcelados injustamente, mientras que nuestras denuncias legítimas son ignoradas.
Cuando el reclamo viene del pueblo, no hay justicia sino burlas, pero cuando la mentira viene del que pretende quedarse con lo que es nuestro, se castiga la dignidad y se premia la ambición.
Exigimos:
La intervención, investigación y seguimiento a la presente denuncia por parte del Fiscal del Estado de Jalisco para detener la impunidad, esclarecer los hechos violentos recientes y sancionar a los responsables.
La inmediata e incondicional devolución de los materiales y herramientas sustraídos durante los ataques.
Se suspendan y sancionen todos los actos tendientes al despojo de nuestros bienes comunales, en complicidad con las autoridades de la Fiscalía de Villa Guerrero, Jalisco.
Se suspendan todos los actos realizados por la Fiscalía que no tienen que ver con su competencia, entendiendo estos como las cuestiones relacionadas con el territorio, la Fiscalía no es la autoridad competente para determinar el mejor derecho sobre el territorio.
Que cesen de inmediato las amenazas, hostigamientos y despojo, así como la transparencia y sanción en las carpetas de investigación relacionadas con los ataques recibidos por nuestro pueblo los últimos años.
El respeto pleno a la autonomía y libre determinación de nuestra comunidad.
Se brinden los medios legales para el reconocimiento de los bienes comunales, según los términos del título virreinal de 1733, y el juicio agrario 38/2017, referente a al reconocimiento del territorio ancestral en posesión de la comunidad, en cerca de 39 mil hectáreas.
Por último, manifestamos que nuestra comunidad mantendrá la posesión y defensa de los predios que pretenden despojar como parte de nuestro territorio, porque el despojo no tiene legitimidad ni las armas autoridad sobre la tierra comunal.
Llamamos a los pueblos originarios, a las organizaciones de derechos humanos, a los colectivos solidarios, a los medios de comunicación, para permanecer alertas y actuar en consecuencia, para evitar mas atropellos.
Atentamente
¡Nunca más un México sin nosotros!
Desde el fondo del cañón del río Bolaños,
Noviembre de 2025
Comunidad Indígena Autónoma, Tepehuana y Wixárika, de San Lorenzo de Azqueltán,
municipio de Villa Guerrero, Jalisco.